Por Violeta Contreras García

(dpl news) La falta de certidumbre, oportunidad, transparencia y racionalidad de precio en los procesos de renovación de licencias de espectro en América Latina pone en riesgo la conectividad, el cierre de la brecha digital e incluso el despliegue de nuevas tecnologías como 5G, advierte un nuevo estudio del Centro de Estudios de Telecomunicaciones de América Latina (cet.la) y Telconomía.

Dado que las renovaciones tienen una repercusión directa sobre el desarrollo de las redes y las inversiones en infraestructura, el informe destaca que las autoridades de la región necesitan revisar y modificar los términos y condiciones de la renovación de permisos, e incorporar mejores prácticas internacionales.

América Latina renovará una parte significativa del espectro radioeléctrico asignado a los servicios móviles durante los próximos años. Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Uruguay reasignarán frecuencias radioeléctricas que fueron otorgadas inicialmente hace 20 a 10 años, y que están prontas a expirar.

Estas renovaciones son igual o quizás más importantes que las nuevas licitaciones que se están preparando en la región, debido a que de ellas depende que los operadores de telecomunicaciones cuenten con el insumo necesario para garantizar la continuidad de servicios como la banda ancha y la telefonía y sigan modernizando sus redes.

Colombia, por ejemplo, renovó licencias en la banda de 1.9 GHz a favor de América Móvil y Telefónica entre 2021 y 2022. Pero las compañías apelaron la resolución inicial del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MinTIC), debido al alto costo del espectro fijado.

La apelación obligó al gobierno a replantear el precio del recurso radioeléctrico, reduciéndolo en un 19.2 por ciento. A pesar del ajuste, el costo quedó más de dos veces por encima del promedio internacional, lo cual implicó un desgaste adicional para los operadores y retrasó el proceso.

El cet.la explica que, como en este caso, la alta contraprestación económica que a veces se impone sobre el espectro, así como la falta de claridad y transparencia, terminan por generar incertidumbre en el sector y retrasan los esfuerzos de inversión privada y de desarrollo de negocios para cumplir con la creciente demanda de servicios.

Sin embargo, si las autoridades nacionales establecen mejores parámetros y esquemas desde un principio, pueden garantizar que las renovaciones de licencia sean ágiles y convenientes para todas las partes, incluyendo a las personas que reciben el servicio final.

También es importante que la visión respecto a los procesos de renovación contemplen condiciones de asequibilidad, pues establecer altos costos puede tener un impacto negativo en la continuidad de los servicios. El estudio detalla que a veces se ponen precios más altos u obligaciones adicionales, lo cual reduce los incentivos para que las empresas inviertan.

En México, por ejemplo, entre 2019 y 2022 dos operadores renunciaron a frecuencias radioeléctricas debido a un espectro caro. El caso de Telefónica es particularmente notable, ya que la compañía devolvió todo su portafolio de espectro y migró su tráfico a la red de acceso inalámbrico de AT&T.

Para evitar los riesgos que hasta ahora se han manifestado en las renovaciones de licencias en la región, cet.la y Telconomía recomiendan a las autoridades implementar una serie de ajustes de política regulatoria que brinden mayor certidumbre al sector.

Una de las principales recomendaciones del informe es incluir principios de transparencia, planificación oportuna y facilidad de cumplimiento en los procesos, ya que esto proporciona certeza sobre los planes de inversión, los trámites, los tiempos e incluso los esquemas que puede seguir la nueva asignación.

Asimismo, el estudio aconseja adoptar la figura normativa de presunción de renovación automática, de manera que se extiendan los permisos sin necesidad de pasar por una reasignación que tome más tiempo.

Y, a su vez, evitar los altos costos del espectro y definir criterios de valoración del recurso razonables; elevar el periodo de las vigencias de licencias a por lo menos 20 años; e introducir modelos de flexibilidad en el uso del espectro como la opción de habilitar un mercado secundario (el intercambio y transferencia de derechos).

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