Por Jeremy Veillard y Daniela Romero
(Del Banco Mundial para grilla en el Poder) La salud mental representa un importante desafío de salud pública y un problema económico y social crítico para los países de América Latina y el Caribe (ALC), particularmente luego de la pandemia de COVID-19.
La salud mental y los trastornos por consumo de sustancias, junto con el suicidio, se han convertido en las principales causas de mortalidad, morbilidad y discapacidad en la región. Esta carga afecta de manera desproporcionada a los jóvenes, con más de 10 adolescentes que pierden la vida por suicidio cada día.
Las consecuencias sociales son profundas, pero también lo son las económicas: sólo los costos asociados con los trastornos mentales de los jóvenes superan los USD 30 000 millones anuales en pérdidas de productividad y gastos de atención médica en América Latina y el Caribe.
El Informe Mundial sobre la Salud Mental: Transformar la salud mental para todos (2022) de la OMS destaca que la depresión y la ansiedad por sí solas cuestan a la economía mundial aproximadamente USD 1000 millones anuales en pérdida de productividad, principalmente debido al ausentismo, el presentismo (trabajar mientras no se está bien) y la reducción de la capacidad laboral.
A pesar de estas cifras alarmantes, el gasto público en salud mental sigue siendo sorprendentemente bajo, con sólo el 2 % del total de los presupuestos de salud destinados a este fin. Abordar estas enormes brechas requiere decisiones de inversión estratégicas e informadas, junto con enfoques innovadores en la prevención y la prestación de servicios (documento en inglés).