Pide revocarlo
El Consejo Coordinador Empresarial llamó a la Secretaría de Gobernación y a la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República a revocar de forma inmediata el acuerdo por el que se emite la “Política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el Sistema Eléctrico Nacional", debido a que podría encarecer la generación de energía eléctrica en el país.
Los empresarios organizados consideran que la medida que ha entrado en vigor a pesar de numerosas protestas y argumentos de expertos, autoridades, representaciones diplomáticas y participantes de la industria, atropella los derechos de todos los participantes en el sector eléctrico nacional.
En un comunicado emitido, la CCE señala: "No sólo discrimina a las energías renovables, también faculta a las autoridades para encarecer artificialmente la generación de electricidad en el país y desplazar arbitrariamente cualquier proyecto de generación del sector privado". Apoyado por los integrantes del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales y American Chamber, explica que el Acuerdo publicado el viernes 15 de mayo en el Diario Oficial de la Federación, es una violación flagrante al marco constitucional y legal mexicano.
Además, precisa, a través de este instrumento, la Secretaria de Energía usurpa facultades para incidir ilegítimamente en las reglas del sector y en las condiciones de competencia.
También manifestó la necesidad de detener la campaña de manipulación informativa de parte de Sener y anticipó que el sector privado (incluyendo generadores, comercializadores y consumidores de energía) agotará los recursos jurídicos que ofrece el orden constitucional mexicano, así como los acuerdos comerciales e instrumentos internacionales en vigor, para salvaguardar la integridad del Estado de Derecho en México y defender al sector energético mexicano como motor de desarrollo del país.
Dijo que esta acción de la autoridad se suma a la operación de deterioro regulatorio del sector eléctrico que la Sener ha instrumentado desde 2019.
"Esto representa un ataque frontal a la certeza jurídica de las inversiones en México, causando graves consecuencias para el país como la pérdida de empleos, de confianza de inversionistas, y afectaciones para los proyectos eléctricos de todas tecnologías en al menos 18 estados de la República, los cuales representan inversiones por más de 30 mil millones de dólares", expuso el CCE.