Las aduanas son entrada y salida de armas, drogas y una gran variedad de productos ilegales como cigarros y alcohol, sin los estándares adecuados y productos con etiquetado falso, denunció la senadora Geovanna Bañuelos de la Torre.
Dijo que en el caso de las Empresas Certificadas, muchas de ellas en los últimos años han sido utilizadas para cometer diversos tipos de delitos.
Reveló que de acuerdo con información del Administrador General de Aduanas, más de 3 mil empresas certificadas o empresas aduaneras, son investigadas por irregularidades en el tráfico de mercancías, con lo que fundamentó la necesidad de modificar y blindar el marco regulatorio de estas empresas.
Además, se pronunció por una Administración General de Aduanas que cuente con las herramientas legislativas para realizar sus funciones de combate a la corrupción, lo que obliga a impulsar una iniciativa de ley que sometió a consideración de todos los legisladores, con el fin de fortalecer la regulación de las Empresas Certificadas y evitar que incurran en actos de corrupción.
Explicó que la iniciativa propone modificar los artículos 100-A y 110-C de la Ley Aduanera para la obtención de la certificación.
“El cambio en nuestro país debe partir con la profunda erradicación de este lastre, para lo cual se requiere del diseño de nuevas políticas, nuevas leyes y nueva cultura cívica”, expresó.
Aclaró que las Empresas Certificadas son empresas constituidas legalmente ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT), que tienen derecho a facilidades administrativas para el despacho aduanero de las mercancías y la rectificación de los pedimentos, así como para regularizar mercancías mediante la importación definitiva.
“Estas empresas ayudan en la agilización de los trámites aduaneros, facilitan el comercio exterior y contribuyen a que las importaciones y exportaciones se incrementen redituando en mayores divisas para nuestro país”, afirmó.
Sin embargo, apuntó que dada la naturaleza de sus operaciones y de las grandes cantidades de recursos económicos que ingresan y salen del país a través de las aduanas, son un flanco fácil para incurrir en actos de corrupción.
Por ello, la senadora Geovanna Bañuelos propuso blindar los requisitos para que el Servicio de Administración Tributaria autorice su inscripción en el registro de empresas certificadas.
El documento presentado a la Comisión Permanente plantea que para la obtención del registro, ninguno de sus integrantes debe contar con antecedentes penales ni tener antecedentes administrativos por irregularidades graves en la importación o exportación de mercancías.
Asimismo, se establece que el SAT puede cancelar en cualquier momento la autorización de inscripción en el registro de empresas certificadas por incurrir en alguna de las causales que establece la Ley Aduanera.
En ningún caso procederá la renovación de la inscripción o la autorización de una nueva inscripción, cuando a la empresa se le hubiera cancelado su autorización para estar inscrita en el registro de empresas certificadas dentro de los diez años anteriores.
Además, cuando la cancelación del registro sea a causa de la comisión de algún delito o por irregularidades graves que atenten contra el patrimonio y seguridad del Estado, en ningún caso procederá la renovación de la inscripción o la autorización de una nueva inscripción.