Proponen en el Senado
Con el objeto de garantizar la transparencia en la adquisición, distribución y aplicación de la vacuna contra el Covid19, la senadora Lucía Meza Guzmán propuso la creación de una Comisión Especial que dé Seguimiento a todo ese proceso, ello ante algunos casos de abusos que se han cometido con la aplicación de la citada vacuna.
En la pasada sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la legisladora morelense presentó punto de acuerdo con la finalidad de crear la Comisión Especial de Seguimiento, misma que deberá ser integrada de manera plural y representativa entre todas las fuerzas políticas, y con ello vigilar el proceso de vacunación contra el Covid19.
Explicó que se han registrado algunos casos de arbitrariedades en el uso y aplicación de dicha vacuna, como el caso de un funcionario del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que aprovechó su encargo para vacunar a toda su familia, entre otros casos aislados que se han presentado.
“Si bien no son actos generalizados, se tiene que garantizar la transparencia en la aplicación de la vacuna contra el Covid 19, con base al calendario establecido por la propia Secretaría de Salud Pública y de acuerdo a su disponibilidad” acotó.
En este sentido, la legisladora expuso que en una primera etapa se tiene que vacunar a todo el personal médico que atiende a los pacientes con Covid 19, para después dar paso a la aplicación del médicamente para todas las personas de la tercera edad, principalmente de quienes tengan más de 60 años.
Lucía Meza Guzmán mencionó que el Poder Legislativo no puede quedar impasible ante las obligaciones contraídas por el Estado mexicano para la aplicación de la vacuna contra el virus SARS-CoV-2; dado que se han utilizado recursos públicos.
“Tenemos que estar vigilantes de que no se cometan abusos y no se desvíen los objetivos de la vacunación, porque estamos hablando de la salud de todas y todos los mexicanos y del combate contra el Covid19.
El pronunciamiento es para transparentar las cuentas públicas en un marco de responsabilidad que se desprende a la vez de un entorno legal y democrático explícito y abierto, que identifica con claridad las obligaciones que cada servidor público debe cumplir, concluyó.