La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (CVASF), presidida por el diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo (MC), recibió los Informes Individuales y General del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019, por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

En la tercera entrega de los Informes, David Rogelio Colmenares Páramo, titular de la ASF, indicó que de forma adicional se remiten 871 nuevos informes de las auditorías realizadas, que con las presentadas en octubre pasado suman alrededor de mil 400.

Destacó que por primera vez se revisó la integración de la Cuenta Pública en su apartado de gasto federalizado, que en 2019 tuvo un monto aproximado de 1.9 billones de pesos, con una relevante importancia financiera y estratégica, ya que significa alrededor de una tercera parte del gasto neto de la Federación (33 por ciento en ese ejercicio).

Esta fiscalización, apuntó, es fundamental para apoyar la rendición de cuentas, la transparencia de la gestión gubernamental y el ejercicio de los recursos públicos; permitió identificar que no existen criterios, metodologías o normativa específica para la determinación de los fondos, programas y recursos que integran el gasto federalizado.

Colmenares Páramo refirió que por segundo año consecutivo se verificó, en los gobiernos de las 32 entidades federativas y en igual número de congresos locales, el cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. También por primera vez se fiscalizó el cumplimiento de dicha Ley en 13 entidades de Fiscalización Superiores Locales y once poderes judiciales estatales.

En materia de Cumplimiento Financiero y Desempeño, se revisó la adquisición de medicamentos y material terapéutico; compra de vacunas; revisión a los materiales, accesorios, equipo, instrumental y suministros médicos y de laboratorio, en la Secretaría de Salud, IMSS e ISSSTE, así como una Evaluación y Prospectiva del Esquema de Seguridad Social y su Nexo con la Prestación de Servicios Médicos de Cobertura Universal.

Señaló que la ASF empezará a recibir información sobre la compra de las vacunas como una solicitud de anticipo de información de la Cuenta Pública 2021.

Indicó que también se efectuaron auditorías al Tren Maya, Refinería Dos Bocas, Desarrollo del Istmo de Tehuantepec y a la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

Asimismo, a programas sociales como el de Becas para el Bienestar Benito Juárez, Sembrando Vida, Crédito Ganadero a la Palabra, al Censo del Bienestar y el Padrón de Beneficiarios de los Programas de Desarrollo Social.

Respecto a los procesos legales derivados del seguimiento, el Auditor Superior informó que se han iniciado mil 804 procedimientos de fincamiento de responsabilidades resarcitorias y la integración de mil 439 expedientes de presunta responsabilidad administrativa ante la Dirección General de Investigación.

Además, mil 385 Pliegos de Observaciones se encuentran dictaminados por su no solventación, en revisión legal para iniciar los procedimientos correspondientes de investigación o fincamiento de responsabilidad resarcitoria, según corresponda, agregó.

Indicó que se emitieron cuatro mil 769 acciones, lo que evidencia que el aumento en el número de revisiones practicadas ha implicado un crecimiento de las tareas de seguimiento; a febrero de 2019 existían once mil 963 acciones y en la presente entrega se observa una tendencia a la baja, disminuyendo a seis mil 44.

En cuanto a la labor jurídica de la ASF, señaló que esta semana se presentaron tres denuncias penales correspondientes a Cuentas Públicas anteriores. Sobre los procedimientos de fincamiento de responsabilidad resarcitoria, de noviembre de 2019 a la fecha se han iniciado 298 procedimientos también a Cuentas Públicas anteriores que implicaron la notificación a 812 presuntos responsables.

Colmenares Páramo afirmó que la ASF apuesta por una amplia reingeniería institucional ante la pandemia, la cual “no ha sido un obstáculo para seguir trabajando, atendiendo al principio de legalidad en todas las circunstancias”.

Agradeció el apoyo de la Cámara de Diputados para dotar a la institución de las herramientas legales necesarias para mejorar sus actividades como las auditorías por medios digitales y el Buzón; sólo falta llevar a cabo la fiscalización superior de manera concurrente, en tiempo real, para contar con información confiable para alertar, de manera temprana, sobre situaciones a atender, e incluso podrá servir como un disuasivo eficaz contra la corrupción.

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