De enero a noviembre de 2025, Estados Unidos deportó a 7 mil 463 menores de edad mexicanos, de los cuales 5 mil 124 viajaban sin la compañía de un adulto; es decir, más del 68 % de los casos, lo que refleja una alta prevalencia de menores no acompañados en procesos de repatriación.
Así lo declaró desde la tribuna parlamentaria la senadora Geovanna Bañuelos, al destacar que con esa inhumana medida de las autoridades estadounidenses, se deja a los menores deportados en contextos de riesgo y vulnerabilidad.
Con este fundamento urgió a los gobiernos estatales, particularmente al de Zacatecas, asumir su responsabilidad y establecer medidas de protección especial, canalización a servicios de salud física y mental, y el acceso inmediato a la educación, alojamiento seguro y reunificación familiar, asegurando que ningún menor deportado sea devuelto a contextos de riesgo y que cuente con un plan integral de restitución de derechos.
Y llamó a la Secretaría de Gobernación, al Instituto Nacional de Migración y al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia a reforzar protocolos reales, humanos y coordinados de recepción para contar con un plan integral de restitución de derechos con especial énfasis en aquellos que viajan no acompañados o en situación de especial vulnerabilidad.
“Porque una niña o un niño que regresa solo regresa vulnerable. Cada menor deportado sin protección es una puerta abierta a la trata, al reclutamiento, a la desaparición, a la revictimización. Y ese no puede ser el destino de nuestra niñez migrante”, mencionó.
En tribuna, Bañuelos detalló que para el caso específico de Zacatecas, en 2025, 154 niñas y niños zacatecanos fueron deportados. “Algunos regresaron sin madre, sin padre, sin nadie esperándolos. La infancia no puede ser deportada como si fuera un trámite administrativo”.
De enero a noviembre de 2025, las autoridades de Estados Unidos deportaron a 7 mil 463 menores de edad mexicanos, de los cuales 5 mil 124 viajaban sin la compañía de un adulto, es decir, más del 68 % de los casos, lo que refleja una alta prevalencia de menores no acompañados en procesos de repatriación.
Mediante un punto de acuerdo presentado a la Comisión Permanente, pidió también a la Secretaría de Relaciones Exteriores que ningún menor sea repatriado sin una verificación plena de su identidad, su situación familiar y su seguridad futura, para prevenir situaciones de abandono, revictimización, trata, reclutamiento por el crimen organizado o cualquier forma de violencia.
En este sentido, dijo, es prioritario seguir generando un diálogo permanente y constructivo frente a políticas antimigrantes y entender que la migración es un fenómeno estructural que requiere cooperación, entendimiento mutuo y políticas públicas integrales que prioricen la dignidad, la inclusión y la justicia social.
Reconoció que hay mecanismos como los Oficiales de Protección a la Infancia, los programas de repatriación y la asistencia consular. Pero también existen vacíos: falta de seguimiento posterior, debilidad en la coordinación interinstitucional y ausencia de planes integrales de restitución de derechos una vez que las niñas y los niños regresan a sus comunidades.
Ante este panorama, la legisladora señaló que resulta indispensable reforzar de manera urgente y coordinada las acciones de las autoridades federales, consulares y estatales, con el objetivo de asegurar que ningún menor deportado sea devuelto a contextos de riesgo y que cuente con un plan integral de restitución de derechos.
“Como senadora seguiré luchando para que el interés superior de la niñez no sea un discurso, sino una acción inmediata. Que el regreso no sea un abandono y que nuestro país cuide a sus niñas y niños, incluso cuando el mundo los expulsa”, concluyó.