Mientras senadoras del oficalismo defendieron con todo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por sus programas sociales, las de oposición acusaron que a la mandastaria no le interesa el bien común y como ejemplo mencionaron lo que ocurre en estados como Sinaloa y el sentimiento que padecen las madres buscadoras.
Contrario a lo que expone el Segundo Informe de Gobierno, existen datos que no se incluyeron en materia de seguridad, como los daños económicos que ha provocado la delincuencia, las cifras de desaparecidos, el desplazamiento de familias o el robo de automóviles”, dijo desde la tribuna parlamentaria la senadora priista Paloma Sánchez Ramos.
Y añadió: “Se pueden acomodar las cifras como quieran, pero no van a ocultar los muertos, no van a ocultar a las familias que aún piden justicia. No pueden borrar a los desaparecidos ni van a evitar que les recordemos el saldo por la narcoguerra”.
Y a esto respondió la senadora María del Rocío Corona Nakamura, del verde, al señalar que la política de “cero tolerancia” a la corrupción que se ha implementado en este segundo año de la administración federal, la cual se ha acompañado de una estrategia que privilegia la prevención, la integridad y la honestidad como pilares del servicio público.
Subrayó que, además, las iniciativas que el Ejecutivo Federal ha enviado al Poder Legislativo durante el último año, contribuyen a fortalecer la protección de la sociedad y a atender sus demandas, con el propósito de construir instituciones fuertes, transparentes y cercanas al pueblo.
Por su parte, la senadora panista María de Jesús Díaz Marmolejo criticó que la reforma al Poder Judicial “no marca una diferencia” en la impartición de justicia, como ha sostenido la presidenta de la República en su informe de gobierno, ni corresponde a la realidad del país, pues se requieren jueces independientes que dicten sus resoluciones conforme a la Constitución Política y no conforme a sus intereses.
En ese sentido, sostuvo que el reto en materia de seguridad no depende únicamente de una reforma a ese Poder de la Unión, sino de fortalecer toda la cadena de justicia, lo que incluye a las fiscalías, los ministerios públicos, las policías de investigación, los servicios periciales, las defensorías públicas y, en especial, la atención a las víctimas.
En tanto, Geovanna Bañuelos de la Torre, del PT, afirmó que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo trabaja para consolidar una administración que estrecha lazos con todos los sectores de la vida nacional: políticos, económicos, sociales, productivos y comunitarios, lo que da muestra de que se puede gobernar sin reprimir y ejercer autoridad sin dar la espalda a quienes exigen justicia.
Muestra de ello, agregó, es que desde la Secretaría de Gobernación se mantuvo un acercamiento permanente con 87 organizaciones sociales y comunidades, se instalaron 80 mesas de diálogo, se realizaron 174 reuniones de seguimiento y se canalizaron 800 peticiones a dependencias federales, gobiernos estatales y municipales, lo que significa que las comunidades encontraron abiertas las puertas del gobierno y se resolvieron conflictos antes de escalar.
A esto, la senadora Alejandra Barrales Magdaleno, de MC, señaló que a este gobierno no le interesa la seguridad del país, sino lo que sucede en el marco de las elecciones del próximo año, “por eso los convocamos a atender las múltiples necesidades de la población, así como a no distraerse con los temas electorales, que en este momento nada les compete”.
Dijo que es necesario atender entidades como Sinaloa, donde las afectaciones en materia de seguridad son enormes, por las vidas perdidas, el miedo y la paralización de las actividades económicas, a lo que se suman las acusaciones que hizo el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra miembros de la clase política de esa entidad.