En México hay problemas graves en la operación de las instituciones y en la especialización de quienes se dedican a la investigación de la trata de personas, alertó Patricia González Rodríguez, integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM.
Ante la inexistencia de una disciplina que permita orientar el trabajo de fiscales, policías de investigación, peritos, en torno a la forma en que deben capturar información de las víctimas de ese delito, lo más importante para ayudarlas, afirmó, es posicionar a la psicología del testimonio, una disciplina que “ha llegado demasiado tarde a México”.
En el Seminario Permanente sobre violaciones Graves a los Derechos Humanos: Diálogos en torno al Manual sobre Trata de Personas, y en presencia de Mónica González Contró, directora del IIJ de la Universidad Nacional, añadió que eso va a permitir obtener información fiable y resoluciones judiciales justas.
La declaración de quienes son agraviados es la base del sistema probatorio en la investigación; para beneficiarlas hay que impulsar, en las instituciones universitarias, a la psicología del testimonio, aseveró la experta ante Mario Luis Fuentes Alcalá, titular de la Cátedra Extraordinaria “Trata de Personas” de la UNAM.
Cuando esa materia sea obligatoria en las facultades de derecho o psicología, tendremos especialistas que permitan incorporar controles de fiabilidad probatoria idóneos para las declaraciones de las personas afectadas y de los testimonios de sus familiares, subrayó González Rodríguez en el Aula de Seminarios Dr. Guillermo Floris Margadant, del IIJ.
Sumado a la capacitación, hay que generar el diseño institucional de las fiscalías especializadas para indagar este flagelo, detalló la investigadora universitaria en la última sesión del Seminario, dedicada al tema “Desafíos para garantizar el derecho a la procuración de justicia a las víctimas de trata de personas”, título del capítulo VIII del Manual editado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
González Rodríguez abundó que en ese apartado se trabajan temas técnicos que se relacionan con la construcción del tipo penal y, en particular, sobre aspectos operativos.
“En la recepción de las denuncias, cuando ya se tienen casos específicos de investigación, sobre todo en las áreas de procuración de justicia a nivel estatal y federal, las operativas están aún incompletas y hay cuestiones que no se han abordado”; está el problema del presupuesto, pero lo más lamentable es que tampoco hay avances importantes en el tema de la capacitación especializada, acotó.
La trata de personas requiere labor inter y multidisciplinaria; el personal de las fiscalías, de las instituciones policiales y de la Fiscalía General de la República debe abordar la investigación científica del ilícito, garantizar el derecho de acceso a la justicia y, sobre todo, el conocimiento de la verdad de las víctimas. Para ello se necesita revisar estructuras y cómo funcionan en la práctica.
La universitaria refirió que abundan las indagatorias que se efectúan a partir del punto de vista de los derechos humanos, pero hay que “descender de esa gran construcción teórica a la práctica”, y ver qué falta en las instituciones para que realmente se aplique lo que establece la legislación.
González Rodríguez sugirió que en la UNAM se incluya como disciplina obligatoria la psicología del testimonio, sobre todo para contribuir en la práctica a que no se contamine la escena mental del crimen.
Al respecto, precisó que hay un material con evidencias físicas y biológicas que son procesadas en los laboratorios de ciencias forenses, y permiten reconstruir el hecho delictivo.
Sin embargo, en el momento en que peritos y criminólogos intervienen para obtener información de las personas agraviadas ocurre esa contaminación de la escena mental del crimen “porque no tenemos controles de fiabilidad probatoria para los indicios subjetivos que provienen del registro en la memoria, de todo lo que vivieron en el momento en que estuvieron prácticamente esclavizadas”. Y la reconstrucción de hechos que no ocurrieron impacta negativamente en las resoluciones judiciales, advirtió.
En el primer contacto que tienen en sus interrogatorios con las personas afectadas, fiscales, peritos en psicología forense y policías de investigación realizan una serie de preguntas que contaminan la información. En ese sentido, las víctimas pueden establecer una historia alterada.
El fin de la procuración y administración de justicia, de cumplir el derecho humano fundamental de acceso a la justicia y conocimiento de la verdad, requiere establecer nuevas estructuras, funcionamiento de las fiscalías orientadas a la investigación científica de la trata, pero también especialización; hay que eliminar sesgos, estereotipos y prejuicios, indicó.
Generar otros debates
Mario Luis Fuentes recalcó que ese delito es la fractura de todas las garantías fundamentales, de un ser humano a quien se le despoja de la dignidad. “Esa es su dimensión”.
Destacó que hay interés de las universidades públicas de los estados de conocer el Manual (disponible en línea); seguiremos promoviendo la discusión y el diálogo de cómo contribuir a que haya una impartición de justicia más expedita, clara y, sobre todo, la protección de las víctimas.
Daniel Antonio García Huerta, de la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la SCJN, expresó su agradecimiento al IIJ, a la Cátedra Extraordinaria sobre Trata de Personas, a la Facultad de Derecho y al Centro de Ciencias de la Complejidad por alojar “estas discusiones trascendentes, que ameritan más reflexión y operacionalización”.
Reconoció a los equipos que hicieron posible la realización de las actividades, y a las más de cuatro mil personas que siguieron de manera constante las etapas del Seminario.
“Hay que hacer que el Manual cobre más vida, que incluso pueda generar otros debates a nivel constitucional, que pueda abrir frentes de litigio, de reflexión. Ojalá que estas reflexiones contribuyan a la ampliación de las condiciones de acceso a la justicia de quienes son víctimas de este fenómeno”, enfatizó.