Robustecer la política de justicia y de seguridad del país para combatir frontal y eficazmente los delitos que más dañan a la sociedad y al erario, es una demanda del pueblo de México y es una necesidad impostergable si verdaderamente queremos seguir avanzando en la pacificación del país, afirmó el senador Alfonso Cepeda Salas.

Y añadió: “De ahí la pertinencia de la reforma que aquí discutimos y aprobaremos, una reforma cuyo objetivo es evitar que los delincuentes más peligrosos se sustraigan de la acción de la justicia, es para que los delincuentes no huyan al extranjero o caminen libres por las calles mientras sus víctimas abandonan sus negocios, dejan sus lugares de trabajo y sus hogares para escapar del horror vivido y apaciguar un poco el miedo de saber que sus victimarios gozan de la más absoluta impunidad.

“Desafortunadamente existen delitos que han ido en aumento, tal es el caso, ya se dijo aquí, de la extorsión de la cual nadie está exento.

Las maestras y los maestros de México en diversas regiones también son víctimas del pago de derecho de piso, de la violencia y de la inseguridad.

“Existen delitos atroces como el secuestro, el feminicidio, el abuso sexual en contra de niñas, niños y adolescentes y la violación, entre otros muchos que integran el catálogo del artículo 19, que no deben quedar impunes.

“Por ello, es importante que la autoridad judicial cuente con una herramienta procesal para asegurar investigaciones exhaustivas y, en su caso, imponer sanciones ejemplares.

“Es necesario reformar la Constitución, porque no podemos permanecer indiferentes ante la realidad y porque la norma jurídica debe estar a la altura de los fenómenos delictivos, hay que hacerlo por la seguridad y la tranquilidad de las mexicanas y los mexicanos.

“No se trata de repartir culpas, ni de evadir responsabilidades, sin embargo, sabemos que la crisis de seguridad y violencia no se generó en los últimos años, es el resultado de las guerras fallidas de décadas de corrupción, de impunidad, de omisiones, de negligencia y de incapacidad.

“Es el resultado de la falta de coordinación entre las policías y los ministerios públicos y es también la consecuencia de decisiones judiciales discrecionales en beneficio de los presuntos delincuentes y de los delincuentes ya sentenciados, pero nunca de las víctimas.

“Por eso ahora, ante contextos, circunstancias y delitos extremos hay que tomar decisiones del mismo rango, hay que hacerlo para dar paso a la gobernabilidad democrática.

“Ahí sí para no provocar la barbarie, para que la ley del talión y la justicia por propia mano jamás sustituya a la fuerza coercitiva de la ley y las funciones del Estado.

“Esta reforma va dirigida a quienes no deben cursar su proceso en libertad, debido a su peligrosidad o capacidad económica pone en peligro el bienestar de la sociedad y la tranquilidad de las familias.

“Va dirigida a las factureras que, además, de afectar la recaudación fiscal facilitan el lavado de dinero obtenido de delitos gravísimos como la trata de personas, el tráfico de armas y el narcotráfico.

“Esta reforma es la única y mejor opción posible en este momento, es una reforma que privilegia los derechos humanos, pero no los de unos cuantos, sino los de todas y todos los mexicanos.

“A caso vivir en paz y sin miedo no es un derecho humano.

No es un derecho humano jugar en un parque e ir a la escuela de forma segura”.

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