Por Jorge Bravo
(dpl news) El Mundial 26 en México representaba la ocasión perfecta para que el país resolviera uno de los conflictos regulatorios más absurdos de su infraestructura de transporte y movilidad. Millones de visitantes nacionales y extranjeros llegaron al país con la expectativa de utilizar las mismas aplicaciones de movilidad que emplean en cualquier gran ciudad del mundo.
En lugar de ofrecer un sistema moderno, seguro y eficiente, las autoridades optaron por mantener la incertidumbre. La alternativa del gobierno federal consistió en habilitar zonas lejanas, poco visibles y mal señalizadas para abordar vehículos de plataformas.
El resultado fue una experiencia incómoda para los pasajeros, una oportunidad perdida para el país y la confirmación de que la regulación sigue subordinada a intereses del gremio taxista que poco impulsan el derecho a la movilidad.
Durante años, el debate sobre DiDi, Uber y otras plataformas en los aeropuertos mexicanos se ha presentado como un problema jurídico. En realidad, es un problema de voluntad política y coacción del gremio taxista.
La legislación federal no establece una prohibición expresa para que estas plataformas de movilidad avanzada operen en los aeropuertos. Sin embargo, distintas autoridades federales han insistido en impedir o limitar su funcionamiento mediante criterios administrativos, operativos o interpretaciones restrictivas que no encuentran un respaldo en la ley.
Esa diferencia resulta fundamental porque, en un Estado de derecho, lo que no está prohibido expresamente no debería convertirse en una prohibición de facto.
La legislación federal no contiene una prohibición expresa para las plataformas digitales de movilidad en los aeropuertos. Pese a ello, las autoridades han mantenido una política que restringe su operación mediante decisiones administrativas antes que a través de normas legales.
Esa situación ha generado incertidumbre y malestar para usuarios, conductores e incluso para las propias autoridades responsables de administrar los aeropuertos. En una industria donde la certeza jurídica debería ser la regla, prevalece la discrecionalidad.
El Mundial ofreció el contexto ideal para corregir esa anomalía. Los grandes eventos internacionales suelen acelerar decisiones que permanecen estancadas durante años. Así ocurrió con infraestructura urbana, conectividad digital, transporte público y servicios turísticos en numerosos países.
México pudo aprovechar la atención internacional para demostrar que sus aeropuertos forman parte de un ecosistema moderno de movilidad. Prefirió conservar un modelo que privilegia restricciones sobre soluciones ampliamente aceptadas y demandadas.
Miles de pasajeros debieron caminar largas distancias con maletas para localizar puntos de ascenso improvisados. Muchos de esos espacios carecían de señalización suficiente, iluminación adecuada o vigilancia visible. En vez de transmitir confianza, proyectaban incertidumbre y frustración.
Para un visitante extranjero, esa experiencia resulta difícil de entender. Acostumbrado a solicitar un vehículo desde su teléfono y abordar en pocos minutos en zonas seguras, encuentra un sistema diseñado para desalentar el uso de plataformas.
Las plataformas ofrecen herramientas que fortalecen la seguridad del usuario. El pasajero conoce la identidad del conductor, el modelo del vehículo, la ruta del recorrido y el costo antes de iniciar el viaje. El trayecto queda registrado. Existen funciones para compartir el recorrido en tiempo real, grabar audio, activar botones de emergencia y evaluar el servicio. Ese conjunto de herramientas digitales ha elevado el estándar de seguridad y transparencia en la movilidad urbana.
En contraste, en muchos aeropuertos persisten esquemas con tarifas considerablemente más altas, poca información previa sobre el viaje y nulas herramientas de seguimiento digital. El usuario termina pagando más por un servicio que ofrece menos información, menos beneficios y menos control sobre su traslado.
No se trata de eliminar los taxis concesionados. Tampoco de sustituir un modelo por otro, pero sí de habilitar la libertad de elección del usuario. La experiencia internacional demuestra que ambos modelos pueden convivir bajo reglas claras y en condiciones de competencia.
Los principales aeropuertos del mundo permiten la operación simultánea de taxis, plataformas digitales, transporte público, trenes, autobuses y servicios privados. La competencia beneficia al usuario porque amplía las opciones, mejora la calidad del servicio y presiona para ofrecer mejores precios.
La inconformidad aparece cuando un solo grupo conserva privilegios regulatorios que limitan la entrada de nuevos competidores. Esa protección artificial y política reduce los incentivos para innovar y afecta directamente a quienes utilizan el aeropuerto y los sistemas de movilidad. La regulación deja de proteger el interés público para convertirse en un mecanismo de preservación de mercados cautivos.
No olvidemos el derecho a la movilidad. La Constitución reconoce este derecho como parte del desarrollo de las personas y de su acceso a otros derechos como la educación, la salud o el esparcimiento. En el siglo XXI, ejercerlo implica aprovechar las herramientas tecnológicas disponibles. Las plataformas digitales no son sólo aplicaciones comerciales. Son infraestructura digital que conecta oferta y demanda mediante información en tiempo real, algoritmos de asignación, sistemas de reputación y medios electrónicos de pago.
Negar esa realidad tecnológica, económica y social equivale a regular la movilidad con criterios del pasado. La transformación digital alcanzó el comercio, la banca, el entretenimiento, la salud y la educación. Modificó la forma como las personas se desplazan dentro de las ciudades. Pretender que los aeropuertos permanezcan ajenos a esa evolución incrementa la distancia entre la regulación y las necesidades de los usuarios.
Las plataformas forman parte de la economía colaborativa y generan oportunidades para miles de conductores que encuentran en ellas una fuente de ingresos flexible. Impedir su operación en espacios estratégicos como los aeropuertos reduce esas oportunidades sin aportar beneficios claros para la competencia ni para los consumidores.
México buscó proyectarse durante el Mundial como un país moderno, conectado y preparado para recibir visitantes del planeta. Sin embargo, la experiencia de movilidad en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México transmitió un mensaje distinto. La innovación tecnológica encontró una barrera regulatoria que no responde a la realidad del mercado ni a las expectativas de los usuarios.
El torneo terminó, pero el problema permanece. La autoridad aeroportuaria y el gobierno federal tienen la posibilidad de corregir el rumbo. La solución no es crear zonas improvisadas ni sugerir acuerdos temporales. Es imperioso reconocer jurídicamente una realidad que ya existe. Millones de personas prefieren organizar sus traslados mediante plataformas porque ofrecen comodidad, seguridad, trazabilidad y precios competitivos.
Regular significa definir reglas claras, transparentes y equitativas para todos los participantes. Abrir los aeropuertos a la competencia es una garantía de mejores servicios. Ese es el objetivo que debería perseguir cualquier política pública orientada al bienestar e interés público de los ciudadanos.
El Mundial 26 dejó la lección de que los eventos internacionales concluyen, pero las decisiones regulatorias permanecen. México perdió una oportunidad para mostrar una movilidad moderna acorde con la economía digital. Debería subirse a la ola tecnológica que tenemos tan cerca como la palma de la mano.