El senador Luis Humberto Fernández Fuentes llamó a todos los actores políticos a llevar con responsabilidad las campañas electorales y a las autoridades e instituciones a garantizar que todo el proceso electoral y de transición se lleve en el marco de la legalidad.
El legislador destacó que al arranque de las campañas, es esencial entender que el nivel de confrontación actual puede ser la base o la destrucción de los cimientos de la relación del nuevo gobierno con otros actores, por lo que vale la pena, además de buscar un resultado, cuidar al Estado Mexicano y abonar para la armonía futura.
“Es natural que se dé un miedo al cambio y que esto genere reacciones, pero las elecciones son el medio más efectivo para redimir los conflictos en la democracia, pero también, cuando el Estado o los actores son irracionales, pueden ser un elemento de inestabilidad”, advirtió.
Fernández Fuentes señaló que la esperanza de este proceso electoral es que México entre a una era de transformación y prosperidad, para lograrlo es necesario que todos los participantes en el proceso discutan, se confronten y argumenten, pero en el marco de la legalidad.
El senador comentó que a lo largo de la historia, el momento de mayor riesgo para los Estados es el cambio en el poder, y este riesgo se potencializa en un país como México, donde el proceso electoral ha sido considerado como el más violento del que se tenga registro.
“Desde su inicio en septiembre de 2017 a enero de 2018, se registran 25 muertes vinculadas a los comicios, además de sumar a un gobierno que ya abdicó de la convicción responsable y objetiva, para convertirse en un desafortunado porrista, matraquero y persecutor. El riesgo es grande y la responsabilidad es mucha, tanto para el gobierno como para los candidatos”, advirtió el legislador.
En estos momentos, agregó, prevalece en algún segmento de la clase política donde algunos actores abonan al miedo y a la inestabilidad, apuntan a lo que desde su perspectiva sería un Armagedón.
“El arranque de las campañas, sin duda, estará marcado por la confrontación, la descalificación y en algunos casos, hasta los insultos, lo que es indeseable pero natural en una democracia”, consideró.
No obstante, aclaró, el problema es cómo se apunta al rebase de la confrontación verbal y se inicie el camino a la ilegalidad, como el uso faccioso de las instituciones de seguridad del Estado y el uso desmedido de recursos públicos. “Lo que traducido en hechos se refleja en la intervención de gobernadores y presidentes municipales que aspiran a imponer su voluntad con dinero y fuerza pública”, concluyó.