¡Agárrate pueblo!
La llamada Ley Antimemes avanza en el Senado de la República impulsada por el trabuco parlamentario que integran Morena-PT-PVEM, entre advertencias de la oposición sobre un posible riesgo para la libertad de expresión.
Dicha ley, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, prevé penas de uno a cinco años de prisión por utilizar la identidad gráfica de instituciones públicas, con el fin de engañar y cometer un ilícito.
Contempla reformar el Código Penal Federal y la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, y lleva el mensaje de ser requisito para el cumplimiento con lo que establece el Capítulo 20 del T-MEC, el cual exige medidas en el marco penal en materia de propiedad intelectual.
La iniciativa original planteaba castigar con cárcel a quien utilizara, reprodujera o imitara, a escala comercial, logos, dominios o signos oficiales de cualquier nivel de gobierno para engañar —o con una intención maliciosa. La pena por estas acciones sería de tres a siete años de prisión, así como una multa de mil a 10 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA)
El parado 23 de septiembre, las Comisiones Unidas de Justicia, Economía y Estudios Legislativos Primera avalaron realizar cambios relevantes a la iniciativa, reduciendo la cantidad de años de prisión y con 34 votos a favor, ocho en contra y dos abstenciones, los legisladores “trabuco” aprobaron reducir a solo uno a máximo cinco años de prisión.
De este modo, el texto aprobado será discutido en el pleno de la Cámara Alta, señala que la sanción aplicaría cuando alguien reproduzca, imite o incorpore logotipos, dominios electrónicos o documentos oficiales de dependencias de los tres órdenes de gobierno para hacerlos pasar como auténticos.
La pena quedó en las multas de mil a 10 mil UMA. Para acreditar el delito, la autoridad tendría que demostrar que hubo una operación a escala comercial, una intención de engañar y el propósito de cometer una conducta ilícita vinculada con el supuesto origen oficial de una comunicación, plataforma o servicio.
Por su parte, la oposición ha remarcado que esta reforma es un intento por censurar. La senadora panista Lilly Téllez sostuvo que el dictamen abre la puerta a perseguir a ciudadanos, comediantes, caricaturistas y creadores de contenido que utilicen imágenes o referencias de instituciones para cuestionar al poder.