La Junta de Coordinación Política del Senado de la República se reunió con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, y con diálogo franco abordaron el informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas.
“Fue una reunión abierta, un diálogo franco. Se reconoció la sensibilidad de México para no ocultar de ninguna manera el tema de la desaparición forzada”, dijo el presidente la Jucopo, Ignacio Mier Velazco.
Añadió que al Alto Comisionado se le entregaron las diferentes reformas que ha aprobado el Congreso de la Unión y las entidades federativas, lo que incluye la reforma al Poder Judicial, el fortalecimiento de la Fiscalía General de la República, además de las 26 reformas legales y las dos constitucionales, “para acabar con este problema que lastima a familias mexicanas”.
El legislador recordó que la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas define este flagelo como el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de la libertad por parte de agentes del Estado, por personas o grupos con la autorización, anuencia o el consentimiento de autoridades; pero “nosotros negamos rotundamente que esa sea una vocación o que sea una práctica del gobierno mexicano”.
De acuerdo con esa definición, agregó, “por parte del gobierno mexicano no existe aquiescencia, porque ni se permite, ni se promueve, ni se tolera, ni se fomenta, ni se da anuencia para este hecho”.
Ignacio Mier recordó que la desaparición forzada obedece a un problema estructural de hace décadas, que era negado de manera sistemática, “lo cual sí puede generar una interpretación de la aquiescencia por parte de las autoridades; pero, en el caso concreto de los últimos nueve años, el gobierno mexicano, el Estado mexicano, los Poderes de la Unión han venido trabajando para acabar con ese flagelo”.
El presidente de la Junta de Coordinación Política aseguró que a Volker Türk le llamaron la atención todas las reformas que se han hecho sobre este tema, las alarmas que se generan, el seguimiento que se le da de manera puntual y la coordinación que contiene el Plan Estratégico de la Fiscalía General de la República con las fiscalías de los estados.