Diputados federales de Movimiento Ciudadano afirmaron que la reforma que transfiere funciones de carácter civil y comercial en la administración de los puertos, correspondientes a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), a la Secretaría de Marina (Semar), violenta el artículo 129 de la Constitución.
En un comunicado, señaló que la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y de la Ley de Puertos, afectará la función de los 117 puertos.
Además, limitará el desarrollo comercial además de que permitirá un manejo opaco de recursos que ingresan vía marítima; de los gastos para la construcción de embarcaciones o puertos federales, al no quedar obligados a rendir cuentas en materia de transparencia ya que, podrían reservar información aludiendo a la seguridad nacional.
En tribuna, la diputada Martha Tagle Martínez evidenció que contrario al argumento de Morena y sus aliados de combatir la corrupción, el flujo drogas y garantizar la seguridad en los puertos del país, en ninguna parte del dictamen, aparecen modificaciones alusivas para atender dichos temas.
Al contrario, los cambios no están dirigidos a mejorar la eficiencia y calidad de instituciones portuarias, sólo evidencian la concentración de funciones en las Fuerzas Armadas, tal como fue advertido hace un par de meses, por el ex secretario de la SCT, Javier Jiménez Espriú, quien manifestó en su carta de renuncia la preocupación sobre la grave trascendencia económica y política que trae consigo trasladar al ámbito militar funciones eminentemente civiles de los puertos.
La diputada Carmen Julia Prudencio González denunció que, con este cambio, el grupo mayoritario en la Cámara de Diputados se presta de nuevo a la simulación y hace a un lado, las voces de la sociedad civil y de los académicos quienes analizaron la propuesta, para hacer valer, una vez más, la agenda del Ejecutivo Federal sobre el Poder Legislativo.
Alertó que las modificaciones van más allá de un cambio militar permanente a nivel de administración, también tendrán funciones de regular las comunicaciones y transportes por agua; dirigir la educación náutica mercante; conceder licencias y autorizaciones; construir, reconstruir y conservar las obras portuarias.
También, otorgar permisos para el establecimiento y explotación de servicios; adjudicar y otorgar contratos, concesiones y permisos para el establecimiento y explotación de servicios relacionados con las comunicaciones por agua; administrar los puertos centralizados y coordinar los de la administración paraestatal, así como otorgar concesiones y permisos para la ocupación de las zonas federales dentro de los recintos portuarios.
El vicecoordinador de MC, Jacobo Cheja Alfaro, manifestó su preocupación por cómo las fuerzas armadas han ido tomando el control de funciones que, por ley y lógica no les corresponde administrar y alertó que estos cambios son un regreso al pasado; a modelos de gobierno de un solo hombre.
El mandato civil debe prevalecer en las democracias, militarizar los puertos envía una señal negativa a nuestros principales socios, abundó.