La Comisión de Estudios Legislativos, que preside el senador Enrique Inzunza Cázarez, aprobó un dictamen que busca reformar la ley Federal de Protección al Consumidor, para aumentar las multas por llamadas comerciales no autorizadas.
El proyecto plantea que proveedores y empresas no puedan realizar llamadas telefónicas o por cualquier otro medio no autorizado por la persona consumidora, de forma reiterada y persistente con fines comerciales o publicitarios.
Para quien realice llamadas telefónicas de forma reiterada y persistente con fines comerciales o publicitarios, se propone una multa que va de 56 mil 570 pesos a dos millones 345 mil 728.71 pesos.
Con ello, expresó Inzunza Cázarez, se trata de atacar la problemática del acoso telefónico que muchas empresas cometen en contra de los consumidores.
El dictamen destaca que México se encuentra entre los primeros cinco países a nivel mundial con mayor número de llamadas no deseadas, pues se registra un promedio de 20 a 25 llamadas spam por usuario al mes.
Es necesaria una legislación robusta que regule el telemarketing, ya que se ha convertido en un “verdadero acoso telefónico para la ciudadanía, saturación que no es solo una molestia, sino un factor de vulnerabilidad ante estafas y una intrusión directa a la privacidad y la vida personal”, precisa el documento.