Confirma la Suprema Corte de Justicia de la Nación competencia de la Función Pública para sancionar faltas graves cometidas antes de julio de 2017, “resolución que constituye un importante avance en el combate a la impunidad”, aseveró la titular de la dependencia, Eréndira Sandoval Ballesteros.
En la resolución es en relación a una contradicción de tesis denunciada por la funcionaria, con la cual se da certeza a los procedimientos de responsabilidad administrativa iniciados contra servidores públicos como parte de la lucha contra la impunidad.
La SCJN sentenció que los procesos por faltas administrativas que cometan los servidores públicos, cuya investigación inició a partir del 19 de julio de 2017, deberán llevarse a cabo de acuerdo con las reglas procesales de la Ley General en la materia, de esta manera se cierra la ventana jurídica que demoraba la resolución en tribunales de diversas sanciones por irregularidades en la Administración Pública Federal.
Asimismo, la sentencia confirma que la Función Pública es la autoridad competente para sancionar faltas graves que hayan cometido servidores públicos antes del 19 de julio de 2017, no obstante, deben aplicarse las reglas procedimentales de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Sandoval Ballesteros celebró la resolución de la SCJN, ya que “constituye un importante avance en el combate a la impunidad, consolida las herramientas legales con las que cuenta la Función Pública para cumplir la encomienda de erradicar la corrupción, como es el compromiso del Gobierno de México”.
Por fortuna “habemus tesis de jurisprudencia”, manifestó la titular de la Función Pública, al darse a conocer la resolución de la Corte a la denuncia presentada el 6 de marzo de 2020.
Antes de la resolución de la denuncia de contradicción de tesis presentada por la secretaria Sandoval Ballesteros, existía incertidumbre jurídica en la aplicación de las leyes, tanto en el ámbito procesal como en el sustantivo, lo que generó un régimen mixto que impedía asumir con claridad a qué instancia correspondía sancionar las irregularidades cometidas antes del mes de julio de 2017.
Con la sentencia se homologan criterios para todos los tribunales federales del país, con lo que también sienta un precedente de suma importancia para la lucha contra la impunidad que desarrolla la Función Pública.