Más de 20 mil víctimas

La senadora Verónica Delgadillo García solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) que informe sobre las acciones y avances en el combate del turismo sexual de menores de edad y en contra de la pornografía infantil en México. 

También hizo un llamado al Ejecutivo Federal para que fortalezca y aplique las medidas administrativas destinadas a la prevención de estos delitos, y pidió al Sistema Nacional de Protección Integral que consolide, fortalezca y ponga en marcha su sistema de información y registro nacional, a fin de medir integralmente los avances en el combate a la violencia directa que sufren niñas, niños y adolescentes.

Delgadillo García dijo que lamentablemente México ha sido considerado e identificado como un destino popular del turismo sexual, y al igual que la inmensa mayoría de los delitos en el país, éstos difícilmente son denunciados por razones de temor, exposición pública, estigmatización, por la permanente desconfianza en las autoridades, incluso, por la falta de mecanismos accesibles y seguros para denunciarlos.

La legisladora de Movimiento Ciudadano refirió que el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes reconoció la delicada situación que sufren los menores de edad en el país, pues tan solo en 2018 fueron denunciados 2 mil 908 homicidios en contra de infantes.

Asimismo, existe un 305 por ciento de aumento en abuso sexual en contra de menores de cinco años y prevalece la incidencia en pornografía y turismo sexual infantil. Adicionalmente, dijo, en México se estima que cada año cerca de 20 mil niñas y niños, son víctimas de explotación sexual a través de hechos de trata de personas.

Recordó que nuestro país tiene compromisos internacionales que lo obligan a proteger los derechos de niñas y niños, y en particular, velar por el interés superior de la niñez, de ahí la importancia de que la FGR informe los avances correspondientes al combate de los delitos de turismo sexual y pornografía infantil. 

El punto de acuerdo fue enviado a la Comisión de Justicia para su análisis y dictamen correspondiente.

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