La Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA) destacó que es necesario que el Gobierno Mexicano instale unidades móviles u hospitales de prevención en zonas donde prevalece el semáforo rojo ante la presencia del covid-19.
A través de su Comisionado para América Latina y el Caribe, Víctor Hugo Gutiérrez Yáñez, el organismo señaló que el mejor ejemplo donde existen unidades para la detección oportuna del coronavirus es el Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México.
Ante esta situación, dijo Gutiérrez Yáñez, es necesario que las autoridades correspondientes realicen inversiones en la materia y pongan en marcha acciones y políticas encaminadas a la prevención, que permitan atender de manera eficiente y oportuna a todas las personas que podrían estar infectadas por el mortal virus en lugares de alta afluencia.
Gutiérrez Yáñez recordó que en el Sistema de Transporte Colectivo Metro se han contagiado más de 300 personas en las últimas semanas, por lo que será necesario que en las estaciones de mayor afluencia se atiendan a las personas que presentan los síntomas de la enfermedad, mediante la instalación de equipamiento móvil.
La idea es detener el mayor número de contagios para que no se propague y hacerles frente a las previsiones de un nuevo brote en los próximos meses.
Dijo que la estrategia de salud del Gobierno de la República debe considerar los lineamientos y protocolos internacionales para que los lugares de mayor afluencia que se encuentren en semáforo rojo localizados en cada uno de los Estados deban instalar unidades móviles u hospitales móviles de prevención con la mayor capacidad y calidad posible, resguardando en todo momento la vida humana.
Exhortó al Gobierno Mexicano que debe garantizar el desarrollo económico mediante políticas públicas con una alta responsabilidad y pueda garantizar sus Derechos Humanos, recordó que el Estado Mexicano se encuentra en los primeros lugares de mortandad por esta pandemia del COVID-19, por lo que todas acciones de Gobierno en sus tres niveles: Municipal, Estatal y Federal deberán contar con un conocimiento amplio de la resolución 1/2020 COVID-19 de la Organización de Estados Americanos (OEA) donde les permita llevar a cabo una eficaz atención en materia de salud en todos los sectores.
Señaló que el Gobierno Mexicano debe apegarse estrictamente en garantizar la salud y esta última debe ser el eje transversal en las políticas públicas para la reactivación de la economía, no se puede tener un Estado omiso en esta materia, si no, al contrario, debe ser proactivo y responsable en su actuar.
Consideró que México debe sujetarse estrictamente al Reglamento Internacional de Salud (RSI), ya que este tiene por objeto servir de marco jurídico para la prevención, detección y contención en origen de los riesgos para la salud pública, antes de que se propaguen a través de sus fronteras.
Destacó la importancia y la necesidad que tiene la población mexicana de reactivarse en el sector económico, por lo que las empresas tendrán la responsabilidad de capacitar a su personal para la prevención de esta pandemia y esta deberá considerarse bajo el término de riesgo de trabajo, y definirse como un peligro existente en el entorno o lugar de trabajo, susceptible de provocar un daño a la salud tanto física como psicológica de los trabajadores.