*Defensa del ciudadano de los actos del poderoso
Aún en la génesis de la Patria, en sus primeros años, cuando la Patria y los mexicanos tuvieron que construir todas sus instituciones, ya en la Constitución del 24 ya había un catálogo muy importante de derechos humanos.
Eran tiempos aciagos en donde la Patria en sí y los mexicanos tenían que defender hasta su territorio, su movilidad y su libertad de pensamiento. Ya en la Constitución de 1846 -centralista por cierto y ése fue su defecto-, la genialidad de dos mexicanos ilustres hacen nacer la loable institución del amparo.
El yucateco Crescencio Rejón y el jalisciense Mariano Otero tuvieron la magnífica idea de sembrar en la Constitución una idea que resultaba fundamental: la defensa del ciudadano de los actos del poderoso.
Tuvieron que pasar muchos años para que la legislación de amparo pudiese modernizarse, he de reconocer que el entonces senador y hoy abogado de la nación, don Jesús Murillo Karam, tuvo una labor fundamental.
He de reconocer también que en la nueva legislación de amparo se amplían los márgenes de la legitimidad jurídica; se visualizan los amparos colectivos, se modernizan las herramientas para que inclusive los medios electrónicos de comunicación estén a su servicio, se abre la posibilidad de una declaración general de inconstitucionalidad.
El amparo es una institución que le servirá a los mexicanos de este siglo y de esta época. No es un recurso que va a ser larguísimo y eterno, lo que en principio debe ser el proceso biinstancial contemplado y considerado por la Constitución de 1917.
Los legisladores recibimos la ley de amparo y la estudiamos con profesionalismo, con rectitud, con responsabilidad y, sí, también con prisa.
¿Por qué la prisa en una reforma? Porque nuestro país y los mexicanos y la sociedad en su conjunto han esperado tanto por las reformas que tanto ansían, que los legisladores no nos podemos dar el lujo ni por protagonismos, ni por la mezquindad de una renta partidista, ni mucho menos por obstruir, al contrario, detener las reformas que están en ciernes.
Cuando los legisladores y la clase política nos ponemos de acuerdo, no estamos haciendo otra cosa que reivindicar la génesis de la política misma y hacer de esta actividad una que enaltezca al ser humano y no que lo enlode, que lo ensucie o que deprede a las instituciones.
El lograr los acuerdos es cumplir con nuestra obligación, el obstaculizarlos no es sino ponernos en la parte más odiada y en la parte más repudiada, en la que la sociedad tiene a la clase política.
Los legisladores, y específicamente en la Cámara de Diputados, tenemos la convicción, la conciencia, la rectitud y la honorabilidad para seguir adelante en este camino de las reformas que hoy el país emprende para mejor estar de todos los mexicanos.