*Derecho de gozar de un entorno ecológico sano
A fin de garantizar el respeto al derecho de gozar de un entorno ecológico sano para el desarrollo y bienestar de las personas, nos pronunciamos por la creación de juzgados en materia ambiental, así como la descentralización de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).
La saturación de asuntos que tiene la autoridad, primordialmente en el ámbito federal, llevan a la necesidad de retomar la antigua propuesta de contar con tribunales especializados, a efecto de que exista una correcta, imparcial y, en la medida de lo posible, expedita impartición de justicia ambiental.
Nuestra propuesta establece que la procuración e impartición de justicia ambiental requiere de una verdadera transformación y adecuación a la realidad actual.
La justicia ambiental es de difícil impartición, pues la autoridad actúa como elaboradora de la política ambiental, investiga y sanciona, al tiempo que tramita y resuelve los procedimientos administrativos, lo cual implica que funciona como juez y parte del procedimiento.
Sin soslayar, la existencia de lagunas legales relativas al procedimiento administrativo de imposición de sanciones, así como vicios en cuanto a la aplicación de la propia Ley Ambiental.
Tales fallas provocan rezagos, mismos que resultan onerosos e impiden la certidumbre jurídica respecto de los términos en que la autoridad deberá desempeñarse.
Una estructura descentralizada permitiría que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) diseñe políticas adecuadas en la materia, mientras que la PROFEPA se concentraría en labores de vigilancia, respecto del cumplimiento de la legislación ambiental.
Además de que una instancia distinta e independiente se dedicará a la aplicación de los cuerpos normativos, sin presiones políticas y sin atender otro tipo de intereses que no sea la mera impartición de justicia en la materia.
Es indispensable un fundamento constitucional para lograr un equilibrio ambiental y desarrollo sustentable en armonía con el desarrollo nacional.
De esta manera se cumpliría con la necesidad de establecer cierto tipo jurídico en materia ambiental y de equilibrio ecológico al relacionar el desarrollo sustentable con el desarrollo nacional del país, garantizando por la Carta Magna.
Con la aprobación de esta iniciativa, la PROFEPA sería dotada de personalidad jurídica y patrimonio propio, para así crear un organismo descentralizado que con autonomía pueda cumplir con funciones inherentes a sus propósitos de vigilar y evaluar el cumplimiento de la normatividad ambiental; recibir, investigar y atender denuncias por incumplimiento de las disposiciones jurídicas ambientales que resulten aplicables, investigar las infracciones a la legislación aplicable, entre otras atribuciones.
Por último, la creación de tribunales en materia ambiental requerirá de un ejercicio de conformación de un grupo de profesionales en materia legal ambiental auxiliados por peritos y técnicos que, invariablemente serán necesarios en el desahogo de procedimientos.