*Castigar con mayor rigor los falsos testimonios
Empujaré hasta el último momento una iniciativa para incrementar hasta 12 años de prisión a las personas que incurran en falsedad de declaraciones judiciales e informes dados a una autoridad, porque esto genera mala integración de investigaciones, así como sentencias erróneas e injustas.
En la actualidad son numerosos los casos en los que se incurre en falsedad de declaraciones. Esta acción es una conducta antisocial que afecta a terceras personas y sobre todo a la aplicación de la justicia al integrarse testimonios y pruebas falsas.
Quien comete el delito de falsedad de declaraciones jurídicas realiza una mentira, que por prevalencia estadística y regularidad tiene como objeto la protección de un inculpado, lo cual conlleva a la realización de actos jurídicos y penas injustas.
Las sanciones serían de cinco a doce años de prisión. La actual ley establece de cuatro a ocho años y una multa de cien a trescientos días.
En los casos en que un individuo inculpe a otros como responsables de un delito ante autoridad simulando en su contra la existencia de pruebas materiales que hagan presumir su responsabilidad, la se deberá elevar de tres a doce años de prisión con respecto a la actual, que es dos a seis años.
Este delito es común, produciéndose que testigos o demás individuos relacionados en el caso declaren deliberadamente testimonios falsos al responder a los diversos cuestionamientos del defensor de la parte inculpada.
Más allá de que la falsedad de declaraciones represente un agravio al sistema de valores personales, que deben tener todos y cada uno de los ciudadanos, se produce un acto de perturbación del desarrollo cívico y del funcionamiento del conjunto de las instituciones jurídicas del país.
Por ello es pertinente incrementar la severidad de las penas para aquellas personas que con sus actos distorsionan el proceder de la justicia.