*Reunión secreta con los servicios de inteligencia

Hace unos días estuvimos los miembros de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, en CISEN, con altos mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional; con altos mandos de la Secretaría de Marina; con personas de primer nivel de la Procuraduría General de la República; con la Fiscal Especializada para Delitos Electorales, y con una representante de alta jerarquía de la Secretaría de Seguridad Pública, entre otros funcionarios del Gobierno de la República.

El motivo de la reunión, y entenderán ustedes que en el marco de la propia Ley de Seguridad Nacional no puedo revelar muchos datos concretos, lo único que puedo decirles es que ahí se nos estableció que derivado de los análisis que han hecho las áreas de inteligencia de todas estas dependencias, no existe, repito, no existe ningún foco amarillo, mucho menos rojo, ni el semáforo que ellos mismos han creado para determinar si existen o no zonas que preocupen para fines y en el marco de la elección que se va a realizar el próximo primero de julio.

En conclusión, desde, y a partir de la seguridad que el país necesita para que los mexicanos emitan su sufragio en un ambiente de certeza, de seguridad personal, el Gobierno Federal se erige sin duda en garante de que estas condiciones se den.

Saludo de forma muy destacada estas expresiones y el haber hecho del conocimiento de nuestra comisión, que el país está en paz y en condiciones que la democracia demanda y exige para que la jornada electoral se realice en el marco de un ambiente seguro en términos virtualmente absolutos.

Si existieran algunos incidentes, serán seguramente muy menores. Habrá gente del Ejército, varias decenas de miles de elementos del Ejército patrullando algunas ciudades del país; la Marina con otro tanto de elementos.

La PGR estará trabajando en todas sus dependencias para estar al pendiente de cualquier queja o denuncia.

Hay un convenio que impulsó PGR y CISEN con los gobiernos estatales, para que en coadyuvancia con la autoridad federal, los gobiernos estatales y municipales participen para fines de la seguridad pública.