*Denigración de las instituciones públicas de salud
El derecho a la salud es una prerrogativa reconocida a favor de todas y todos los mexicanos, consagrado en el párrafo tercero del artículo 4o constitucional.
En este sentido, dicho precepto obliga al Estado, a través de los diferentes órdenes de gobierno, a la máxima protección y garantía de este derecho fundamental.
Si bien es cierto que después de 1983, año en el que se elevó a rango constitucional este derecho, experimentamos un importante desarrollo de los servicios de salud a través de la consolidación de una amplia infraestructura de centros de atención médica, así como la implementación de programas de salud pública para la atención individual o colectiva de diversos padecimientos, hoy por hoy hemos sido testigos del debilitamiento sistemático de las instituciones públicas de salud.
Hechos como la disminución de los recursos financieros, la utilización de los fondos en otras áreas fuera de sus fines propios, la corrupción, la burocratización, la saturación de sistemas y el despilfarro en las administraciones constituyen sólo algunas de las causas del decadente sistema de salud que actualmente permea en todo el país.
Lo anterior ha traído como consecuencia inmediata el que aún no exista una cobertura universal del derecho a la salud. El sistema, tal y como ha evolucionado hasta el presente, ha impedido que esta circunstancia de universalidad y equidad se vislumbre como una realidad aunque sea de manera progresiva.
Ante la evidente denigración de las instituciones públicas de salud frente a la población, ésta se ha visto obligada a buscar servicios médicos privados en perjuicio de su economía familiar, en los cuales también concurren importantes deficiencias entre las que sobresalen la enorme diversidad en la calidad, sus altos costos, la baja cobertura que se alcanza y la tendencia creciente al modelo conocido como medicina administrada.
Esto genera una distorsión de la realidad médico-paciente, con un predominio de los factores financieros y administrativos por encima de los del orden médico.
Imposible sería tratar de negar que el sistema de salud en el país necesita una modificación integral, así como también lo es tratar de negar que los convenios de descentralización de los servicios de salud en los estados ha generado una enorme corrupción en la compra de medicamentos.
No obstante, consideramos que la reforma en la materia no ataca el verdadero problema. Lo verdaderamente necesario en este tema es que se deben de transparentar las transacciones, las licitaciones y operaciones del sector, muy en concreto, el destino de los recursos al abasto de medicamentos, equipos y otros insumos para la salud en los hospitales públicos.
El hecho es que se está tomando una medida centralista y nos preocupa porque, nosotros sabemos que a través de su aplicación, no se podrán extinguir las prácticas de corrupción que existen hasta estos momentos en el sector salud de nuestro país.