*Injusto castigo social contra la mujer que comete delitos
Es necesario exhortar a la Procuraduría General de la República a que elabore, coordine y homologue con las procuradurías de Justicia del país, un protocolo único de investigación ministerial, pericial y policial aplicable a todas las mujeres víctimas de violencia, así como capacitar al personal en perspectiva de género.
En este proceso participaría también el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), para diseñar un protocolo único de actuación ministerial de aplicación nacional para delitos en contra de este sector de la población. De aprobarse en el Pleno será un avance significativo.
La PGR y el Inmujeres, en un marco interinstitucional con el apoyo de expertos en igualdad de género, deben definir las líneas estratégicas para aplicar este protocolo en las entidades federativas y garantizar su funcionamiento de manera integral.
Las mujeres recluidas representan menos del 5 por ciento del total de la población presa. Pierden derechos civiles, pero no humanos y la comisión está comprometida a mejorar su calidad de vida, porque una pena corporal impuesta a una mujer no sólo la afecta a ella, sino a su familia y a la sociedad.
Sigue siendo más castigado socialmente el que una mujer cometa un delito que un hombre, porque la familia o la pareja cambian su perspectiva, la discrimina y evita el contacto o el apoyo; el cónyuge la abandona a los dos o tres meses.
Debe asegurarse el derecho de sus hijos menores que permanecen con ellas en los reclusorios, con cuidados integrales por parte del Estado mexicano.
El Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Eliminación de la Violencia en contra de las Mujeres, presidido por la Secretaría de Gobernación funciona como una política pública integral y eje específico para frenar dicha conducta.
Sobre todo porque el 60 por ciento de las mujeres mexicanas admite haber sido víctima de algún tipo de violencia. Lo más grave aún es que más del 57 por ciento reconoce o cree que es normal. No es normal la discriminación ni los malos tratos.
Tenemos que impulsar una cultura de paz, del respeto de los derechos humanos y difundir que las mujeres no están solas, que hay instancias que trabajan día y noche en atender a las mujeres violentadas.
La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavin) tiene más de 25 Centros de Justicia en todo el país, donde las mujeres violentadas pueden recibir orientación integral. La meta es instalar uno por cada entidad federativa y seguir avanzando.