*Inhumano trato de enfermos mentales en México
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la salud mental es el bienestar que una persona experimenta como resultado de un buen funcionamiento en los aspectos cognoscitivos, afectivos y conductuales, y en última instancia el despliegue óptimo de sus potencialidades individuales para la convivencia, el trabajo y la recreación.
Al respecto, es preciso señalar que en México se estima que alrededor del 15 por ciento de la población del país padece algún trastorno mental, sin embargo sólo 2.5 por ciento de los pacientes se encuentran bajo supervisión de algún especialista.
Aunado a dichas cifras tenemos que los miembros de la familia son frecuentemente los cuidadores primarios de las personas con trastornos mentales, por lo que la magnitud de la carga en la familia es difícil de justipreciar y por eso es frecuentemente ignorada.
A pesar de los costos de la salud y sociales, las personas afectadas por estos trastornos mentales son víctimas de violaciones de los derechos humanos, estima y discriminación dentro y fuera de las instituciones psiquiátricas.
Es sabido que muchas instituciones psiquiátricas practican una atención inadecuada, degradante y hasta dañina, violando así los derechos de las personas con discapacidad mental. Las condiciones de higiene y de vivienda pueden llegar a ser subhumanas.
Por ejemplo, existe evidencia de ciertos casos de pacientes que han sido atados a troncos alejados de su comunidad durante largos periodos de tiempo y sin alimentos, vivienda o ropa adecuada.
No distan de ser raros las hospitalizaciones y los tratamientos que no cuentan con el consentimiento del paciente. Los aspectos legales y éticos, vinculados con ambos, son soslayados. Y evaluaciones independientes respecto a la capacidad del paciente son omitidas.
Esto significa que las personas pueden ser encerradas por extensos periodos, a veces de por vida, a pesar de contar con la capacidad de decidir su destino y poder vivir en la comunidad.
Cabe mencionar que nuestra Ley General de Salud faculta a los profesionales de la salud a tomar las decisiones respecto al tipo de tratamiento sin necesidad del consentimiento informado, siempre y cuando se compruebe que el tratamiento es el más indicado para atender las necesidades del paciente.
Por ello, en Acción Nacional, preocupados ante tan complicado panorama consideramos que se requiere impulsar acciones legislativas a efecto de proteger la dignidad humana de las personas con discapacidad mental.