*Inaplazable reforma en la PGJDF

Derivado de la transformación del Sistema de Justicia Penal, se propusieron reformas, adiciones y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

La necesidad de adecuar el marco normativo para cumplir con el mandato constitucional es inaplazable, por lo que esta soberanía tiene la obligación de aprobar las presentes reformas a fin de que se puedan llevar a cabo las acciones necesarias para la adecuada aplicación y funcionamiento del nuevo Sistema de Justicia.

Con estas modificaciones se pretende que la actuación de la Procuraduría se base en los principios de legalidad, certeza, objetividad, eficacia, eficiencia, profesionalismo, honradez, imparcialidad, confidencialidad, lealtad, responsabilidad, transparencia, y respeto a los derechos humanos.

Las reformas tienen el propósito no sólo de dar mayor transparencia, eficacia y celeridad a los procesos judiciales, sino que al mismo tiempo garantizar la reparación del daño a las víctimas, subrayando la importancia del respeto a los derechos humanos durante todo el proceso.

Una de las innovaciones de la ley, que sin duda contribuirá a acercar la justicia a la ciudadanía, es la facultad del Ministerio Público para recibir denuncias o querellas por medios electrónicos, por actos u omisiones que puedan ser constitutivas de delito.

La transformación toral, que se refiere específicamente al juicio oral, es la que otorga al Ministerio Público las atribuciones para intervenir en las audiencias con alegatos de apertura, formular interrogatorios a testigos y peritos; exponer replicas, impugnar y realizar las acciones necesarias para cumplir con el debido proceso.

La creación de las fiscalías de investigación especializadas en narcomenudeo y trata de personas, constituye en esquema más focalizada para el combate de estos delitos.

De igual forma, consideramos positivo que la o el titular de la procuraduría pueda establecer políticas dirigidas a las comunidades indígenas a fin de garantizar un efectivo acceso a la justicia.

Una de las preocupaciones de la ciudadanía radica en el acceso a la justicia y el combate a la impunidad.

Estamos convencidos de que, para recuperar la confianza en las instituciones, es indispensable que estas nuevas normas sean respetadas y aplicadas de forma eficaz y con pleno respeto a los derechos humanos.

Reafirmamos nuestro compromiso con las instituciones, la cultura de la legalidad, la justicia, los derechos humanos, la restitución del daño; así como con la persecución y el castigo a quienes atentan contra la convivencia social.