*Preocupante crecimiento de defraudadores
El tema de las cajas de ahorro popular es desafortunadamente un mal que aqueja a las familias mexicanas de clase media y de escasos recursos, principalmente, desde hace más de una década.
El incremento exponencial, en el número de fraudes financieros por parte de instituciones de ahorro y crédito, se debe principalmente a la poca regulación y vigilancia por parte de las autoridades responsables de velar directamente por el patrimonio de los mexicanos.
Entre los beneficios que ofrecen estas entidades de ahorro para atraer a sus víctimas, se encuentran jugosos intereses, rendimientos incluso por encima de las instituciones bancarias, captando de este modo el interés de aquellos sectores de la población que ven una oportunidad para ver crecer sus ahorros de una forma segura y directa, como una alternativa de subsistir ante la crisis sistémica por la que atraviesa el país.
La forma de operar de estas instituciones de crédito es mediante el establecimiento de requisitos mínimos, pues argumentan que no es factible que los usuarios de estos servicios obtengan tantas facilidades de un banco, una vez ganada la confianza de las personas y después de que estas han acumulado una cantidad considerable de sus ahorros, les cierran las puertas, o en el mejor de los casos desaparecen por completo, sin garantía alguna de los usuarios para la devolución de su dinero que con sacrificio han reunido para solventar alguna emergencia o amortiguar el impacto de la crisis económica.
Pese a los importantes avances en la materia, por parte del Poder Legislativo han resultado insuficientes para erradicar el terrible problema que aqueja a la clase trabajadora de este país.
Hoy nuevamente se proponen modificaciones a la ley en la materia para que las sociedades sean apoyadas por expertos en finanzas populares, la ampliación del universo de sociedades sujetas a apoyo del FIPAGO en beneficio de los ahorradores, así como la procuración de la estabilidad, buen funcionamiento y sano desarrollo del sector de ahorro y crédito popular.
Sin embargo, esta situación merece de una profunda reflexión sobre la responsabilidad por parte del Gobierno Federal, ya que es innegable la falta de la aplicación de la ley por parte de las autoridades competentes, al no ejecutar las investigaciones pertinentes y al tolerar el incremento de fraudes por montos millonarios.