*Año complejo y difícil para México

Debemos reconocer que este año ha sido complejo y difícil para el país. A pesar del desánimo social, México llevó a cabo el proceso electoral tanto a nivel federal como en los estados, tal como lo señala la ley.

Se puso a prueba una nueva normatividad electoral, en la que el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación jugaron un papel fundamental para que hoy estemos aquí dirigiéndonos a la ciudadanía.

Celebrar elecciones de esta magnitud en un clima de crispación política y social, es una muestra fehaciente de la consolidación de nuestra democracia electoral. Es cierto que hubo inconformidades sobre la aplicación de la ley electoral, particularmente en materia de propaganda electoral y uso de los medios de comunicación.

Sin embargo, hemos aprendido que la inconformidad puede ser canalizada por la vía institucional y generar cambios políticos en beneficio de la sociedad.

Los resultados electorales confirman que la ciudadanía apuesta por el pluralismo político. El mito de que México está representado políticamente solo por tres partidos políticos no se sostiene. Hoy un tercio del electorado optó por opciones diferentes a la de los partidos tradicionales.

En Nueva Alianza estamos convencidos que el análisis de la gestión gubernamental debe servir para encontrar las convergencias que contribuyan a que el gobierno haga mejor su trabajo. Como representantes populares tenemos la obligación de señalar las insuficiencias del gobierno, pero también reconocer los aciertos.

En el último año, fuimos testigos de una serie de eventos que cimbraron a las instituciones de los tres órdenes de gobierno. El caso Iguala puso en evidencia la colusión de las corporaciones de seguridad pública municipal con los grupos del crimen organizado. Se demostró el nivel de penetración de estos grupos en las estructuras políticas de los municipios en el estado de Guerrero y quedaron de manifiestas las deficiencias en materia de inteligencia del Estado mexicano.

Si bien en los últimos años México ha dado pasos firmes para garantizar la plena vigencia de los Derechos Humanos, los acontecimientos de Iguala mostraron la vulnerabilidad de las instituciones para protegerlos en todo el territorio nacional.

El Tercer Informe de Gobierno nos refiere que las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos a la Administración Pública Federal disminuyeron en un 64 por ciento, al pasar de 50 recomendaciones en el año 2013 a solo 18 en el 2014. Sin embargo, este dato contrasta con el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que coloca a México como el país latinoamericano con mayor número de denuncias sobre violaciones a los derechos cometidas.

Aun reconociendo los esfuerzos del gobierno federal por impulsar medidas para proteger a los defensores de los derechos humanos y a los periodistas, la realidad es que en distintas regiones del país siguen siendo blanco de persecución política y acoso por parte de los grupos criminales.