*Dramáticos relatos de quienes sufren trata de personas
“Me robaron mi libertad, me robaron mis sueños, me engañaron… me sentía secuestrada y cada día me sentía muerta, rodeada de personas que estaban acostumbradas a vivir en este mundo tan vil, tan inhumano y tan hostil”.
Relatos como estos, lamentablemente se han convertido en una situación recurrente en nuestro país. Así lo indica el “Diagnóstico de las Condiciones de vulnerabilidad que propician la Trata de Personas en México”, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Asegura que este ilícito se ha posicionado como el segundo más y mejor redituable para la delincuencia, en especial para la delincuencia organizada, desplazando el tráfico de armas y solo por debajo del trafico de drogas.
Por su parte, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, señala que México ocupa el lugar número tres en toda América Latina y el Caribe en el tema de Trata de Personas. Esta tendencia alcista es impulsada como respuesta a la gran demanda internacional que ejerce el mercado asiático y europeo.
Nuestro país sufre dos grandes problemas en materia de trata, por un lado se tiene la facilidad por medio de la cual los grupos criminales organizados ingresan y movilizan a las víctimas de un Estado a otro y de una Nación a nuestro territorio o viceversa, con la finalidad de obtener beneficios financieros o materiales.
Por otra parte, tenemos a las personas indígenas en situación de vulnerabilidad, víctimas de amenazas, coacción, rapto, fraude, engaño y abuso. Este punto, motivo de la presente iniciativa, ha mantenido una brecha de crecimiento constante y alarmante.
En su momento, la entonces Diputada Rosi Orozco dio a conocer que en nuestro país el 45 por ciento de las víctimas del delito de trata eran niñas indígenas.
Según el Instituto Nacional de Estadística Geográfica e Informática, existen 3.6 millones de personas obligadas a trabajos forzados en condiciones de trata, de las cuales un 70 por ciento son personas indígenas y migrantes.
Lo anteriormente expuesto, me permite poner a la consideración de esta asamblea la presente iniciativa que reforma la fracción II del artículo 62 de la Ley General Para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y Para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos delitos, mediante la cual se incorpora:
La obligatoriedad de “proporcionarle a la o las víctimas, información sobre sus derechos en un idioma o lengua que comprendan, y de acuerdo a su edad, garantizando su integridad psicológica y la protección de su identidad e intimidad”.