La diputada federal Lilia Aguilar Gil presentó iniciativa de ley con el objetivo de que se sancione con el retiro de la concesión a quienes por daños al ambiente, generen un desequilibrio ecológico o una contingencia ambiental ocasionada por sus representantes, administradores, gerentes, directores, empleados y quienes ejerzan dominio funcional de sus operaciones.
“Esta iniciativa es una gran deuda que queda en la Cámara de Diputados, y sobre todo una gran deuda que queda con el pueblo de Sonora, pcesita ser sancionado”, dijoor eso hago un llamado al titular del Ejecutivo Federal, a que si estamos hablando en serio en materia de anticorrupción, Grupo México ne.
En esta iniciativa también se propone como causal para cancelar la concesión, no contar con las condiciones de seguridad e higiene previstas en esta ley y en las disposiciones laborales aplicables y cuando se pongan en peligro la vida e integridad física de los trabajadores o de los miembros de la comunidad.
En su exposición, la legisladora recordó el trágico caso de 2006, en Pasta de Conchos, Coahuila, donde murieron 65 trabajadores, tras una explosión, sin embargo, el reciente caso del Grupo México, el 6 de agosto de 2014, en la minera Buenavista del Cobre, donde derramó 40 mil metros cúbicos de lixiviado de sulfato de cobre en los Ríos Bacanuchi y Sonora.
“Para los que estuvimos allá, sabemos que no solamente fue la falla de la tubería, sino que no existían los elementos de seguridad básicos para poder manejar los desechos tóxicos que salen de la más grande mina de cobre del mundo. Grupo México, rompiendo toda normatividad, aparentemente con la complacencia de la Secretaría de Economía y de la Dirección General de Minas, no tenía las normas mínimas de seguridad para poder manejar el lixiviado de cobre”, explicó.
Aguilar Gil indicó la multa a Grupo México con 40 millones de pesos no sirvieron ni para llevar agua a los damnificados inmediatos, además que el 2 de marzo pasado se informó que la PROFEPA solamente lo multó por 26 millones de pesos, por 50 irregularidades en contra de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, entre las cuales destacan la no contar con la licencia ambiental única actualizada, no instalar las plataformas y puertos de muestreo, ni ductos de descarga de diversos equipos, y no haber realizado la evaluación de sus emisiones.
“El gobierno federal impuso a Grupo México crear un fidecomiso por 2 mil millones de pesos, que por cierto hoy no funciona, con el pretexto de que estamos en época electoral, como si Grupo México fuese parte del proceso electoral, aunque parece que sí lo es, apoyando al gobernador y a su candidato en Sonora”, finalizó.