*En 20 años, saltos cualitativos
A nombre de los Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quiero celebrar la realización de este evento de reflexión sobre el apoyo que en México se ha dado a la participación política indígena.
Al revisar la experiencia política que muchas comunidades étnicas en América Latina han acumulado por siglos, pareciera que el examen de las últimas dos décadas es insuficiente.
Pero, a decir verdad, en México, en estos 20 años hemos dado saltos cualitativos, tanto en la forma de construir nuestra democracia, como en la manera de concebir la pluriculturalidad de nuestra nación. Han sido dos rutas evolutivas que, a veces, han funcionado en forma coordinada y otras tantas lo han hecho en forma disociada. Ello las convierte en muy interesantes líneas de análisis académico, pero sobre todo, en muy importantes y urgentes, áreas de oportunidad para el desarrollo institucional y cultural mexicano.
El documental que se nos presentará y el panel de discusión subsecuente - estoy segura – arrojarán algunas luces sobre el camino a seguir en la edificación de la única democracia que cabe en un país como México: la democracia incluyente.
I.- AVANCES LOGRADOS
En efecto, las movilizaciones indígenas de fines del siglo pasado en países andinos y años más tarde en México, hicieron recordar a los países de la región un desafío. Para que el proceso democratizador en Latinoamérica fuera exitoso, los Estados tendrían que resolver las tensiones que existen, por ejemplo:
*Entre los objetivos de igualdad y los de diversidad cultural, ó bien
*Entre los derechos individuales que pregona el liberalismo democrático y los derechos colectivos que, por siglos, han dado sustento a los pueblos y comunidades indígenas de la región.
La respuesta que en México se ha formulado a esta aparente contradicción ha estado, sin duda, ligada a su evolución democrática tardía.
Ciertamente, la ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la reforma constitucional que reconoció el carácter multicultural de nuestro país fueron puntos de inflexión en nuestro desarrollo, pero no apuntaban, siquiera, a expandir la participación política de las comunidades indígenas.
Fue hasta que se garantizó constitucionalmente la libre determinación y autonomía de los pueblos y comunidades indígenas y se reconocieron los derechos de “autogobierno”, que se sentaron para – ahora sí – incidir en forma positiva en los procesos de participación política de estas comunidades. A partir de ese momento, las en ese entonces jóvenes instituciones electorales, pudimos actuar en forma más efectiva.
Primero, a través de la detección de distritos electorales con población indígena. El IFE identificó en el proceso pasado, 28 distritos electorales población predominantemente indígena. Como resultado, se ha logrado evitar que la geografía electoral diluya a estas comunidades y con ello, sus posibilidades de representación en el Congreso federal.
Las posibles contradicciones entre las reglas técnicas de distritación y las que llevan a identificar los trazos de las demarcaciones indígenas fueron puestas a consideración del Tribunal Electoral, el cual ratificó el acuerdo de la autoridad administrativa.
Segundo,a través del reconocimiento de las elecciones regidas por usos y costumbres. Es ésta, quizá, la forma más pura de protección simultánea de los derechos fundamentales y del autogobierno y formas decisionales propios de los pueblos indígenas.
Por fortuna, de manera creciente, la justicia electoral se ha ido abriendo brecha en este tipo de elecciones. En los cinco meses que han transcurrido este año, hemos recibido más asuntos (66) que a todo lo largo de 2007 y 2008 (64).
II.- RETOS
Pero más allá de profundizar la todavía escueta lista de activos que se tienen para lograr una democracia incluyente, quisiera referirme –a manera de provocación– a algunos de los desafíos que se pueden observar desde la justicia electoral. Las demandas que recibimos son, en buena medida, un termómetro de los retos que subsisten.
Uno. Representación política.No obstante que se han detectado ya distritos electorales predominantemente indígenas y que hay, al interior de normas partidistas, acciones afirmativas que incidirían en incrementar su representación, lo cierto es que todavía hay obstáculos que remover para incrementarla.
Señalo, por ejemplo, la necesidad de impulsar mecanismos adecuados de detección y fortalecimiento de liderazgos indígenas al interior de los partidos y la de garantizar que las cuotas fijadas por los propios institutos políticos sean respetadas. El caso de Filemón Navarro, quien estará en la mesa de discusión subsecuente, ilustra la importancia de proteger, desde la jurisdicción, esos espacios ganados a través del juicio ciudadano.
Dos. Agenda pública.Toda vez que la representación política de las comunidades indígenas es todavía un anhelo inalcanzado, las instituciones tenemos que emprender acciones decididas para acercarnos a las comunidades y poder incorporar sus visiones en las agendas de trabajo.
Pero hay que hacerlo con seriedad y compromiso. Para estar en condiciones de incluir los puntos de vista de las comunidades indígenas en el trabajo institucional y en las agendas públicas, es necesario comprender su fortaleza y organización, la diversidad que existe entre los distintos pueblos, y la existencia de identidades y cosmovisiones diferentes.
Tres. Una manera distinta de construir la democracia.Generar una democracia incluyente implica construirla desde el reconocimiento de la coexistencia de derechos individuales y colectivos. Es necesario garantizar el piso mínimo que imponen los derechos fundamentales reconocidos internacionalmente. Debe asegurarse que el espacio de las decisiones individuales o colectivas, siempre se sitúe por encima de determinados niveles de bienestar, igualdad y libertad.
Cuatro. Participación política de las mujeres.La inclusión de las mujeres en la esfera pública de toma de decisiones es todavía una asignatura pendiente, tanto en comunidades mestizas como en comunidades indígenas; tanto en pueblos que se rigen por usos y costumbres, como por los que se regulan por la norma ordinaria. Justo es reconocer que, en uno y otro caso, deben eliminarse barreras culturales y materiales; prejuicios y asimetrías. No es posible la participación política en un contexto de triple victimización.
Quinto. Estado de derecho.Para que las instituciones democráticas podamos seguir apoyando el fortalecimiento de la participación política de las comunidades indígenas, debemos abonar a su verdadera autonomía.
Ello implica, además de los márgenes de su independencia institucional, la garantía de la vigencia del estado de derecho dentro y fuera del territorio nacional.
El Tribunal Electoral garantiza los derechos político electorales porque sus sentencias son acatadas en todo el país. Se equivocan quienes creen que la fuerza de nuestras decisiones se desvanece por o con actos violentos. Por el contrario: esos actos en todo punto reprobables nos comprometen aún más para seguir consolidando un Estado de derecho basado en la Ley y sustentado en los valores democráticos del pluralismo, la tolerancia y la inclusión efectiva de la ciudadanía.
Señoras y señores,
Las rutas del pluralismo y la multiculturalidad se construyen con la inclusión y la posibilidad de armonizar la convivencia en forma efectiva.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de sus sentencias, contribuye a ese proceso, pues éstas tienen el potencial de resarcir daños, mecanismo por excelencia para la reconstitución de derechos y la resolución de conflictos.
Es necesario, por tanto, acercar al Tribunal a las comunidades indígenas. No sólo a través de las lenguas, que en todo caso es el menor de los obstáculos, sino a través de una deliberación amplia que logre ensanchar la puerta de la justicia para que cualquier ciudadano – indígena o no – que considere violados sus derechos político-electorales encuentre en el Tribunal una institución aliada. Les invito a que ideemos juntos formas para producir esa relación más estrecha.
Gracias a ustedes y gracias al PNUD por su acompañamiento en el fortalecimiento de los derechos políticos de los pueblos indígenas.