El Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Juan Silva Meza, aseguró que la sociedad puede tener la certeza “de que nuestro Poder Judicial es una institución sólida, que funciona a partir de normas, procedimientos y reglas claras y suficientes para identificar y sancionar las conductas de aquellos elementos que no se conduzcan con estricta honorabilidad”.
Al participar en la presentación del informe Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia, que elaboró la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el Ministro Presidente dijo que “si las y los juzgadores queremos independencia y autonomía, nunca debemos regatear el derecho de la sociedad a exigir de nosotros, una absoluta rendición de cuentas y un desempeño invariablemente profesional, honesto, transparente, excelente, oportuno, eficaz”.
Porque, agregó, “si los juzgadores queremos independencia y autonomía, debemos, antes de manifestar cualquier tipo de exigencia, honrar, en nuestra vida pública y en la privada, los valores del estado democrático”.
El informe, cuya reimpresión estuvo a cargo de la Suprema Corte, fue presentado por el Comisionado integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, José de Jesús Orozco Henríquez, en la sede alterna del Máximo Tribunal del país.
Este Informe de la Comisión Interamericana parte de una visión respecto al fortalecimiento del acceso a la justicia y el Estado de Derecho en las Américas, así como su mejor conocimiento por parte de los operadores de justicia en México y la región.
De ahí que, destacó, “en el Poder Judicial de la Federación, queremos que la sociedad cuente con impartidores de justicia intachables. Que cuente con funcionarios del Estado que no comprometan su criterio, o que desahoguen los juicios en cauces ajenos a lo legalmente establecido”.
El Ministro Silva Meza dijo que “los jueces constitucionales, sabemos la importancia que nuestro trabajo tiene para la sociedad. A ella nos debemos. Debemos ser, pues, responsables de nuestros actos. Debemos ser juzgadores íntegros, a la altura de la Décima Época, la época de los derechos humanos”.
Con ese fin, agregó, esperamos que las recomendaciones contenidas en el Informe que se ha presentado, sean útiles no sólo a los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos, sino también a cada uno de los individuos que están protegidos por el Pacto de San José.
Porque, afirmó, en la actualidad el reto consiste en ampliar más y permanentemente, el acceso a todas y todos, sin distinciones injustificadas, particularmente a los más desprotegidos, a los más débiles, a los que tradicionalmente son invisibles, a los que no tienen voz.
En el caso del Poder Judicial de la Federación, dijo, tenemos claro que una mejor calidad de vida radica, no sólo en el acceso a la justicia imparcial, sino en la existencia de un sistema de justicia de calidad; transparente, expedito y que se funde en el principio de igualdad ante la ley.