Autoridades electorales, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), así como dirigentes y representantes de partidos políticos nacionales se pronunciaron por erradicar las fallas normativas que impiden el ingreso de las mujeres a los espacios de toma de decisiones.
Al inaugurar el seminario “Violencia y política. Parlamento y Género” organizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Instituto Nacional Electoral (INE) e Inmujeres, el magistrado Salvador Nava Gomar, aseguró que con sus sentencias el organismo jurisdiccional ha contribuido a garantizar los derechos político-electorales del sector femenino.
Este Tribunal, dijo, es un organismo abierto a las causas y hemos emitido diversas sentencias en beneficio de ellas; sin embargo, “lo que hemos hecho apenas es suficiente, por lo que todas las instancias deben asumir el compromiso de activar mayores mecanismos para evitar la violencia de género y consolidar la igualdad”.
Al hacer uso de la palabra, Lorena Cruz Sánchez, presidenta de Inmujeres, comentó que la violencia de género adopta diversas formas de marginación y segregación que van desde reservar para los hombres los mejores sitios en las listas de candidaturas impulsadas por los partidos políticos, hasta la misoginia desplegada por comunidades machistas que impiden a las mujeres electas ejercer su cargo.
Aseveró que en la marcha del país hacia la igualdad sustantiva, los partidos políticos no se pueden quedar atrás; se necesita que revisen y adapten con visión de género sus estatutos y normatividad. “Sin lugar a dudas, eliminar la violencia política es un proceso que corre paralelo al logro de la paridad. Quiero ser enfática al señalar que nadie puede condicionar, limitar o excluir la participación de las mujeres en las contiendas electorales”, expresó.
Por su parte, Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del INE, argumentó que la violencia política que pretende limitar la legítima participación de las mujeres en la vida pública es absolutamente contradictoria con las tendencias de las reformas legales, las prácticas institucionales y las políticas públicas que con enfoque de género se han instrumentado en los últimos años.
Córdova Vianello sostuvo que uno de los principales retos que enfrenta la sociedad es que “la aplicación de las disposiciones legales que tienden a garantizar la paridad de género deje de ser una imposición de las autoridades y de las leyes y se convierta en una práctica cotidiana de actores políticos, servidores públicos, empresarios y ciudadanos en general”.