El Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales, y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal (GDF), Miguel Ángel Mancera Espinosa, suscribieron un convenio mediante el cual se asignó al Poder Judicial de la Federación (PJF), a título gratuito y por tiempo indefinido, el uso y aprovechamiento de los inmuebles que actualmente ocupan los órganos jurisdiccionales especializados en procesos penales federales ubicados en los Reclusorios Norte, Sur y Oriente.
En dichos espacios, explicó el Ministro Presidente, se albergará a los órganos jurisdiccionales especializados en procesos penales federales y a las salas de oralidad, con la finalidad de dar cumplimiento a la reforma constitucional en materia penal, la cual tiene como fecha límite el 18 de junio de 2016 para que el nuevo proceso penal acusatorio federal quede implementado en todo el territorio nacional.
“Se trata –advirtió- de una frontera insuperable que el Constituyente Permanente claramente estableció en el artículo Segundo Transitorio del decreto reformatorio, para que dicho sistema penal entre en vigor cuando lo establezca la legislación secundaria correspondiente, sin que pueda exceder del plazo de ocho años”.
Consciente de que el tiempo apremia y de que aún hay muchas tareas pendientes por desarrollar, el Ministro Luis María Aguilar Morales asumió el reto de cumplir cabalmente con el mandato constitucional de sacar adelante la reforma, con la colaboración plena entre Poderes e instituciones del Estado Mexicano.
Para cumplir este mandato, dijo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) trazó desde el año pasado una línea de acción estratégica para instalar en todo el territorio nacional, de manera gradual, la infraestructura física necesaria para que tanto los juzgadores como los justiciables cuenten con áreas adecuadas e idóneas que permitan el óptimo desahogo de las audiencias conforme al nuevo modelo procesal acusatorio penal federal.
El Ministro Luis María Aguilar Morales reconoció, en la ceremonia de firma del convenio efectuada en el Área de Murales de la SCJN, que hacer frente a esta tarea no es cuestión menor ni sencilla; antes bien, implica un reto complejo porque, para su debido cumplimento, es necesaria la confluencia de diversos factores decisivos tales como el presupuestal, el de recursos materiales y el de la infraestructura inmobiliaria.
Todos ellos, detalló, para que en conjunto permitan garantizar no únicamente la obtención de las condiciones mínimas requeridas, sino también, acaso igualmente importante, que esa infraestructura cuente con las medidas de seguridad indispensables que permitan salvaguardar la integridad tanto de los procesados, como de los servidores públicos que, por mandato legal, deban intervenir en las audiencias y desde luego de la seguridad y protección de las víctimas u ofendidos.
Es por ello que celebró que la colaboración entre el Gobierno del Distrito Federal, a través del Doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, y el Consejo de la Judicatura Federal, pueda cristalizarse en el “Convenio Marco de Coordinación para la Asignación de los Inmuebles que Ocupan los Órganos Jurisdiccionales Especializados en Procesos Penales Federales”.
En el evento estuvieron también el Ministro Alberto Pérez Dayán; el Consejero de la Judicatura Federal, Alfonso Pérez Daza; el Magistrado Juan José Olvera López, Titular de la Unidad de implementación de la Reforma Penal; el Consejero Jurídico y de Servicios Legales del GDF, José Ramón Amieva Gálvez y el Oficial Mayor del GDF, Jorge Silva Morales.
Con el convenio que hoy suscribimos, afirmó el Ministro Aguilar Morales, damos un paso significativo en la consecución de los objetivos que nos hemos trazado para lograr la cabal implementación de la infraestructura necesaria para que el Sistema Procesal Penal Acusatorio sea una realidad en nuestro país.
Ello, precisó, porque dicho convenio nos permite adoptar las medidas necesarias para que, de inmediato, se lleven a cabo las adecuaciones en la ciudad capital de la República que los inmuebles requieren para contar con salas de audiencia de primer nivel.
En particular, agregó, porque al lograrse que las instalaciones de la justicia penal oral federal se establezcan en los terrenos aledaños a los reclusorios permite, ofrece entre otras ventajas, evitar el traslado de imputados, con lo que se salvaguarda de mejor manera tanto su seguridad, como la de las víctimas, ofendidos del delito y de quienes deben intervenir en las audiencias.
Aguilar Morales destacó el hecho de que “más allá de la capacitación constante que hemos brindado a jueces y magistrados federales en materia del sistema procesal penal acusatorio, más allá de los concursos de oposición para la designación de jueces especialistas en esta materia, con la firma de este convenio se establecen las condiciones para lograr un avance significativo en el rubro de la infraestructura física que es, sin duda alguna, otro elemento necesario para el debido funcionamiento del sistema penal acusatorio”.
De ahí que, finalizó, la actitud de colaboración institucional que demuestra el Gobierno del Distrito Federal encabezado por el Doctor Mancera, es signo inequívoco de la colaboración que existe entre los distintos órdenes de gobierno y de la firme convicción que tenemos tanto del Poder Judicial de la Federación como el pueblo de esta ciudad capital del país por servir a México más allá de los límites territoriales que le son inherentes.