El actual Sistema Electoral Mexicano debe su existencia fundamentalmente a la Constitución de Cádiz, aseguró José Alejandro Luna Ramos, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), al inaugurar el Coloquio “Cádiz y la Modernidad Política Mexicana”.
Agregó que el 30 de septiembre de 1812, dicha Constitución entró en vigor en México y trajo consigo el primer sistema democrático electoral de América, que se basaba en un ordenamiento territorial parecido a los actuales distritos y secciones electorales.
En el marco de la conmemoración de los 200 años de la promulgación de la Constitución Política de la Monarquía Española, Luna Ramos enfatizó que la Constitución de Cádiz es fuente histórica de todo nuestro ordenamiento jurídico nacional y de la modernidad política mexicana.
“Los jueces constitucionales encontramos en los textos jurídicos históricos el entendimiento de las figuras de nuestra actualidad”, dijo.
Por su parte, Manuel Alabart Fernández-Cavada, embajador de España en México, afirmó que la fórmula constitucional y liberal de Cádiz valió para toda América, ya que sirvió de base para otras constituciones iberoamericanas.
“La ciudad de Cádiz exportó democracia por todo el continente americano”, dijo Alabart Fernández-Cabada, al explicar que esta Carta Magna trajo transformaciones sustanciales para México, ya que fue el punto liberal del cual partió el movimiento constitucional mexicano.
A la inauguración también asistieron: Luis Antonio Jáuregui Frías, director general del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora; José Manuel Villalpando, director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revoluciones de México; y Ariel Rodríguez Kuri, director del Centro de Estudios Históricos de El Colegio de México.
La nueva etapa: Galván Rivera
Durante su participación en la mesa “El sistema electoral gaditano”, Flavio Galván Rivera, magistrado del TEPJF, aseguró que a partir de la Constitución de Cádiz inicia una nueva etapa de una monarquía constitucional, que establece un principio básico para todo sistema democrático: la división de poderes.