Para fortalecer la defensa de los derechos político-electorales, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) debe transitar hacia la autonomía plena y no depender de la Procuraduría General de la República (PGR) o del Poder Ejecutivo, estableció Flavio Galván Rivera, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
“No sólo se debe dejar de depender de la Procuraduría, también del Poder Ejecutivo. Se necesita, además, independencia presupuestaria”, expresó el magistrado Galván Rivera al participar en la Mesa: Violencia, Delitos Electorales y Justicia, del XVII Curso Interamericano de Elecciones y Democracia, organizado por la FEPADE y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos-Centro de Asesoría y Promoción Electoral (IIDH-CAPEL).
Mencionó que el complemento a la autonomía es el fortalecimiento del proceso de selección de los integrantes de las instituciones u organismos. “Se necesita un procedimiento de selección, en el caso de los magistrados, para tener un perfil previo de las personas idóneas. Que no haya nada de cuotas y cuates, que estén quienes deben estar, debidamente capacitados con la carrera civil o jurisdiccional”, agregó.
Deben revisarse las sanciones ante violaciones a las normas electorales
En su exposición, el Magistrado de la Sala Superior indicó que se debe revisar el apartado de las sanciones y, en este sentido, que “la sanción económica se debería derogar o hacer más rígida, ya que para un particular una multa duele, porque pega en el bolsillo; sin embargo, para un partido, que recibe todo de la hacienda pública, es distinto”.
Propuso perfilar otros tipos de sanciones como la suspensión de los derechos políticos y jurídicos de los partidos, incluso ampliar el catálogo de infracciones que ameritan la pérdida del registro.
El Magistrado Galván también expuso sobre el Procedimiento Administrativo Sancionador Electoral y su trascendencia en la resolución de controversias originadas de infracciones, a través de los procedimientos especiales sancionadores y ordinarios sancionadores.
Por su parte, Lourdes González Mendoza, directora de asesoría Legal del Tribunal Electoral de Panamá, aseguró que la sociedad civil organizada se debe empoderar y actuar como auditores de los candidatos y gobiernos.
“Si no lo hacemos entonces ninguna norma podrá resolver la problemática. Tenemos que darle cabida a la sociedad civil organizada para auditar y fiscalizar. Además para postular candidatos; para elegir a los aspirantes correctos y eliminar el clientelismo, el cual puede ser por convicción o por necesidad”, manifestó.
González Mendoza se refirió a las fiscalías electorales en América Latina y mencionó que paralelo al empoderamiento de la sociedad, las instituciones encargadas de sancionar conductas ajenas al derecho deben tener autonomía.
Recordó que en Panamá hubo experiencias en las cuales los fiscales retrasaban investigaciones y sanciones, permitiendo al infractor seguir con la violación a las leyes.