Al reconocer en la mexicana a una sociedad interesada en la aplicación de la justicia, vigilante y madura, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, aseguró que ésta cuenta con un Poder Judicial de la Federación (PJF) que se ha vuelto parte de ella por decisión y por convicción, y contribuye en la consolidación de un gran sistema nacional de justicia.

El PJF está empeñado en su propia mejoría, exigente en la calidad de sus servicios, abierto e incluyente a los individuos y grupos que quieren conocerlo y evaluarlo, y coordinado con todas las jurisdicciones nacionales y con los otros Poderes de la Unión, aseveró el ministro Ortiz Mayagoitia, al rendir su Informe Anual de Labores 2010, así como el resultado del cuatrienio de su presidencia.

Al presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, quien asistió a la sesión solemne como invitado de honor, le agradeció, en nombre del Poder Judicial de la Federación, que dentro del procedimiento constitucional para la designación de nuevo ministro, haya considerado a tres de sus titulares pertenecientes a la magistratura federal para integrar la terna que remitió al Senado.

Para la Corte, dijo, “es importante preservar un sano equilibrio entre sus componentes de carrera y los externos; de los 10 ministros actuales sólo cuatro nos forjamos en las filas del Poder Judicial de la Federación”.

Al Congreso de la Unión, que estuvo representado en el informe por el senador Manlio Fabio Beltrones Rivera, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, y por el diputado Francisco Javier Salazar Sáenz, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, expresó su reconocimiento por la aprobación a las reformas constitucionales para renovar el juicio de amparo, “lo que nos perfila hacia una justicia más moderna e incluyente hacia el siglo XXI”.

Y apuntó: la independencia y la autonomía de los poderes no riñe con la cooperación y el diálogo”.

El ministro presidente Ortiz Mayagoitia, quien rindió su informe ante los plenos de la SCJN y del CJF, expuso que el PJF enfrenta el reto de mantener y ampliar el acceso a la justicia, ajustándose a las condiciones económicas del país, sin demeritar la calidad en los servicios que brinda al pueblo de México, que es siempre el destinatario de todos sus esfuerzos.

La transparencia y apertura, señaló, son parte esencial de nuestra democracia y, por tanto, son principios que rigen el actuar del PJF, cuya misión es la salvaguarda de la supremacía de la Constitución y la tutela de los derechos humanos fundamentales.

Puntualizó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación del Siglo XXI es un Tribunal al servicio de la sociedad y convive con ella, y destacó la función jurisdiccional del Alto Tribunal durante 2010, que ha sido el año con el mayor número de asuntos atendidos y el del mayor número de resoluciones del cuatrienio.

La SCJNresolvió en todas las vías jurisdiccionales a su cargo, temas importantes en materia de amparo, incidentes de inejecución, contradicciones de tesis, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad.

También se refirió a la facultad de investigación que el artículo 97 constitucional confiere a la SCJN. Mencionó que en virtud de no existe una legislación que reglamente esta facultad y que establezca con claridad los procedimientos y sus alcances, “desde el Libro Blanco de la Reforma Judicial planteamos dos posibilidades: la expedición de una ley reglamentaria, o bien, la supresión de esa atribución jurisdiccional”.

No obstante, recordó que la posición mayoritaria asumida por el Tribunal Pleno, y que en noviembre pasado fue comunicada al presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, “es a favor de la supresión  de la facultad prevista en el segundo párrafo del artículo 97 Constitucional”, aunque reiteró el absoluto respeto del máximo tribunal a lo que decida el Congreso de la Unión que, anotó, analiza una reforma constitucional que confiere esa facultad a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Al hablar de la Judicatura Federal, subrayó que los magistrados y jueces federales imparten justicia para todos los habitantes del país, e hizo hincapié en que a unos días de concluir 2010, la carga de trabajo de todos ellos superó ya el millón de asuntos y existe una constante tendencia a la alza a través de los años.

Informó que en términos generales, la materia penal –entre procesos y amparos- representa una tercera parte del total de los asuntos, mientras que el resto se refiere a las materias civil, administrativa, fiscal, y del trabajo.

En este rubro, tras enfatizar que al PJF no le corresponde fomentar ni desalentar el litigio, porque “eso está fuera de nuestro control”, señaló que la función del Consejo de la Judicatura Federal es garantizar la existencia de recursos materiales y humanos adecuados y suficientes, para cumplir con las expectativas de la sociedad a la que sirve.

En este contexto, externó que en los últimos cuatro años se registró un incremento en la cantidad de órganos judiciales federales superior al 20%; de 555 existentes en 2007, ahora se cuenta con más de 670.

Indicó que para que esos órganos funcionen, también creció el número de titulares al pasar de 915 en 2007, a más de 1,100 impartidores de justicia entre ministros, magistrados y jueces federales, para atender a la población que supera ya los 110 millones de habitantes, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Esto significa, detalló, que actualmente existe un juzgador federal por cada 100 mil habitantes, aproximadamente, proporción que es baja si se toman en cuenta índices internacionales.

Ejemplificó: para 2008 Costa Rica tenía 21.85 jueces por cada 100,000 habitantes; Uruguay, 14.06; Colombia, 11.72; El Salvador, 10.54; Brasil, 8.21; México sólo 3.58 para el mismo año, incluidos jueces federales y locales.

Al referirse a la estrategia para disminuir el rezago que anunció en las líneas generales de trabajo que presentó al Pleno hace cuatro años, dijo que a partir de 2007 se crearon los “Órganos Jurisdiccionales Auxiliares”, que son Juzgados de Distrito y Tribunales Unitarios y Colegiados que auxilian a los órganos tradicionales en el dictado de sentencias, para mantener una capacidad de respuesta razonablemente estable, digna y oportuna, a lo largo y ancho de toda la República.

El ministro Ortiz Mayagoitia también hizo referencia al aspecto administrativo, rubro en el que se registró mejora, manteniéndose políticas de austeridad y metas de ahorro que fueron cumplidas y observadas en todo el PJF,  ejerciéndose de mejor manera el gasto público.

En materia de transparencia y rendición de cuentas, dijo que la Auditoría Superior de la Federación ha venido revisando los ejercicios de la Cuenta Pública, habiéndose concluido los años 2006 (cuyo trámite correspondió a este cuatrienio), 2007 y 2008, los cuales se encuentran cerrados al 100% y con cero pendientes. Adicionalmente, el PJF realiza otras auditorías internas y externas.

Al respecto, el ministro presidente destacó que “Transparencia Mexicana nos acompaña en diversos procedimientos de adquisiciones y contrataciones, a su elección, y su testimonio íntegro se publica invariablemente en medios impresos y en los portales de Internet de la Corte y del Consejo, así como en el de la propia organización”.

Hizo referencia a las actividades desarrolladas por el PJF para conmemorar el Bicentenario del inicio de la Independencia y del Centenario del inicio de la Revolución, y mencionó que la mejor forma de honrar las conmemoraciones centenarias, fue designar al 2010 como El año del Acceso a la Justicia.

Entre otras acciones en pro de la justicia nacional, señaló que en 2010 se convocó a la comunidad jurídica del país para suscribir el Pacto Nacional por el Acceso a la Justicia, promovido por la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ); se aprobó la Carta de los Derechos de los usuarios de los servicios de Justicia en México, y se impulsó el taller ¿Cómo redactar mejores sentencias?

Asimismo, la SCJN mantiene en operación una red de 45 Casas de la Cultura Jurídica, en todo el país; se abrieron las puertas a la sociedad a través del Observatorio Ciudadano de la Justicia; se creó el sitio de internet justicia.gob.mx; está en desarrollo una biblioteca digital gratuita que cuenta ya con más de 1,500 títulos, y se incursionó en las redes sociales con una cuenta de la Suprema Corte en Twitter que supera ya los 13 mil seguidores.

Destacó, asimismo, el trabajo del Canal Judicial, que a partir del pasado 20 de noviembre transmite 24 horas continuas, y el hecho de que por “disposición legal contamos con tiempos oficiales en la radio y la televisión abierta, mismos que se han aprovechado para construir una cultura jurídica y conciencia constitucional”, con la campaña Fundamentos.

Resaltó la actividad internacional de la Suprema Corte durante el cuatrienio; la participación, con voz y voto, en el Consejo Nacional de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, y el compromiso de la SCJN con la ética judicial y con la equidad de género.

Al informe asistieron la esposa del presidente de la República, Margarita Zavala; el secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora; el procurador General de la República, Arturo Chávez Chávez, así como legisladores federales; los ministros en retiro Mariano Azuela Güitrón, Juventino Castro y Castro y Juan Díaz Romero; consejeros de la Judicatura Federal, y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del PJF.