Los juzgadores tienen la obligación de interpretar la ley en favor de las personas para tutelar sus derechos fundamentales, coincidieron en señalar Magistrados integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Al participar en la Feria Internacional del Libro 2014, comentaron mediante la difusión de la cultura democrática, los tribunales constitucionales proporcionan a la ciudadanía las herramientas necesarias para ejercer y hacer valer sus derechos, entre ellos los político-electorales.
El magistrado Constancio Carrasco Daza manifestó que los juzgadores han dado pasos sólidos y firmes para consolidar, desde el orden constitucional, el sistema de la carrera judicial, teniendo como presupuestos del debido proceso la independencia e imparcialidad con la que deben actuar al emitir sus sentencias.
Al participar en la mesa redonda Sentencias comunitarias en el debido proceso, dijo que la independencia e imparcialidad ya forman parte de los criterios para el ingreso, ascenso y ratificación de los jueces quienes además deben ser íntegros, idóneos, excelentes, competentes, y prudentes, para garantizar la correcta aplicación de la justicia. “Los jueces debe pasar el tamiz de legalidad”, sostuvo.
Por otro lado, explicó que el debido proceso es un control que se impone el Estado, en sus diferentes niveles, federal, estatal y municipal así como en los tres Poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial para que sus facultades tengan límites y no se violen las garantías individuales.
Aseguró que hoy se vive una revolución en el orden jurídico mexicano, por lo cual los tribunales deben estar a la altura para enfrentar los nuevos retos en materia de interpretación del debido proceso sustantivo y adjetivo.
Durante su intervención como moderador en esta mesa, Felipe de la Mata Pizaña, secretario General de Acuerdos del TEPJF, destacó que para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el debido proceso es la piedra angular en el sistema de protección de las garantías individuales y es por excelencia, un requisito para la existencia de un Estado de derecho.
Daniel Cabeza De Vaca Hernández, Consejero de la Judicatura Federal, consideró que el debido proceso, es una garantía esencial de los ciudadanos; sin embargo, en el medio jurídico no está lo suficientemente definido, ya que faltan las reinterpretaciones necesarias para que los gobernados ejerzan a plenitud ese derecho.
Santiago Corcuera Cabezut, miembro del Comité sobre las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), señaló que en México se ha fortalecido el concepto del juez natural con las sentencias emitidas por los juzgadores, lo que ha dado como resultado una revolución del orden jurídico a favor de la protección del titular de los derechos, en este caso el hombre y la mujer.
Con sus sentencias, los jueces garantizan la paz social
Por otro lado, el magistrado Salvador Nava Gomar subrayó que el derecho está en las sentencias, por lo cual los jueces deben justificar sus determinaciones en el orden jurídico vigente para garantizar la paz social. “La función del juzgador es fundamental en el seno del Estado y un Tribunal constitucional no debe perder de vista ese elemento al desempeñar su tarea judicial y pública”, agregó.
Durante la presentación del Libro “Sentencias Relevantes de Cortes Extranjeras Sauvé v. Canada”, aseguró que la tarea primordial de cualquier Tribunal democrático es difundir la cultura republicana. Puntualizó que esta obra representa un magnífico pretexto para recordar que hay varias normas que se deben actualizar para acrecentar la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos.
Citó que en las sentencias del TEPJF están presentes los elementos jurídicos encaminados a garantizar la tutela efectiva de los derechos humanos establecidos en nuestra Constitución, así como en los tratados y organismos internacionales. Dijo que los tribunales deben de ver lo que hacen otros para desempeñar mejor su función jurisdiccional.
Al hacer uso de la palabra, Rodrigo Díez Gargari, profesor Investigador de la Universidad Libre de Derecho, puntualizó que los jueces son actores políticos ya que muchas de sus decisiones tienen un impacto social, por ello sus criterios deben ser muy abiertos para lograr la legitimación democrática.
Gabriel Pérez Pérez, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), afirmó que para construir una democracia se debe garantizar el derecho fundamental a votar y ser votado, ya que mientras más personas puedan participar en la elección de sus autoridades, se otorga mayor legitimidad al régimen político.
Responsabilidad de jueces tutelar derechos fundamentales
Más adelante, la magistrada María del Carmen Alanis Figueroa dijo que a diferencia de hace algunas décadas, cuando los jueces debían limitarse a aplicar la ley, el mundo jurídico actual los juzgadores están obligados a interpretar las leyes a favor de las personas y sus derechos fundamentales.
Al participar en la presentación del libro “La interpretación conforme al modelo constitucional ante los tratados internacionales sobre derechos humanos y control de convencionalidad”, de José Luis Caballero Ochoa, señaló que los jueces tienen la responsabilidad social de tutelar los derechos humanos.
Para ello, apuntó, se requiere que interpreten las leyes a la luz de la Constitución y de los Tratados Internacionales, aplicando los controles de constitucionalidad y de convencionalidad, superando con ello las disposiciones que establecen que los jueces deben aplicar normas legales, como las previstas en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) vigente, a través del sistema gramatical, sistemático y funcional.
El consejero electoral del Instituto Federal Electoral (IFE), Lorenzo Córdova Vianello, dijo que los jueces son una pieza fundamental para lograr la consolidación de la democracia constitucional, por lo que deben actuar a partir del nuevo paradigma establecido en la reforma constitucional de junio de 2011, que privilegia una interpretación de la ley a favor de los derechos humanos.
El magistrado de la Sala Regional Distrito Federal del TEPJF, Armando Ismael Maitret Hernández, mencionó que antes de la reforma, el Estado se limitaba a hacer una entrega de derechos a los ciudadanos; en cambio, hoy día reconoce esas garantías y faculta al operador de la ley, es decir a los jueces, a garantizar su ejercicio. Los juzgadores deben interpretar la ley a favor de las personas, sostuvo.