El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tiene como eje rector de su actividad jurisdiccional y administrativa, cumplir con el principio de máxima publicidad y transparencia, aseguró José Alejandro Luna Ramos, magistrado presidente de la Sala Superior.
Explicó que dicho principio ético judicial se hace efectivo a través de la transmisión simultánea de las sesiones públicas de la Sala Superior y de las Salas Regionales, en donde la ciudadanía puede conocer los argumentos y criterios de sus sentencias. Además, “por medio de la página de Internet del Tribunal Electoral, la población tiene acceso inmediato a todo el quehacer jurisdiccional y administrativo que realiza esta institución”, enfatizó.
Al inaugurar el VI Seminario Internacional del Observatorio Judicial Electoral 2013, señaló que con esta actividad el Tribunal Electoral cumple con el compromiso de contribuir al logro de una sociedad más democrática, donde la opinión de todas y todos es un importante pilar. Recordó que desde 2008, el TEPJF ha realizado este foro en el que se discuten sus sentencias más relevantes con el propósito de fortalecer una justicia progresista y de abonar a la transparencia jurisdiccional.
“Las y los magistrados electorales sabemos que es necesario mantener una comunicación constante con los criterios jurisprudenciales de otros tribunales, cortes o salas, ya sean nacionales, extranjeras o supranacionales, pues en estos niveles el diálogo judicial aporta elementos que favorecen una reflexión entre valores y principios que revitalizan el ordenamiento jurídico nacional”, expresó el Magistrado Presidente.
Dijo que un tribunal se legitima cuando emite sentencias que convencen, mediante argumentos bien estructurados y sólidos. Por ello, con ejercicios de esta naturaleza, “damos muestra de apertura y de profesionalismo institucional, conscientes de que nuestras sentencias deben tomar en cuenta razonamientos que puedan enriquecerlas desde diversos enfoques”.
Afirmó que el Tribunal sujeta su actividad a las opiniones o críticas de los académicos y de la audiencia especializada. De tal forma que es imprescindible un diálogo permanente con la doctrina científica de la que se extraen una gran cantidad de reflexiones y categorías jurídicas, además de conocer argumentos de otras jurisdicciones.
En el evento realizado en el auditorio José Luis de la Peza, y acompañado por Carlos Báez Silva, director del Centro de Capacitación Judicial Electoral del TEPJF, así como de Luis Efrén Ríos Vega, coordinador del Observatorio Judicial Electoral, Luna Ramos manifestó su confianza para que con los planteamientos, que se expongan en las seis mesas temáticas, la justicia electoral mexicana se acerque al ideal de que sus sentencias sean acatadas de forma espontánea por los involucrados en un juicio.
Por su parte, Báez Silva dijo que esta actividad habla bien de la institucionalización y de la práctica de la transparencia entre la judicatura y la academia; mientras que Ríos Vega sostuvo que a través de este observatorio se refleja el compromiso del máximo organismo electoral con la transparencia y rendición de cuentas.
La Sala Superior tutela y garantiza los derechos político-electorales de las comunidades indígenas
Al moderar la mesa “Los derechos políticos de las comunidades indígenas”, el magistrado Manuel González Oropeza destacó que con sus resoluciones, el TEPJF ha fortalecido la autonomía indígena a través del respeto de sus usos y costumbres así como del reconocimiento pleno de sus derechos político-electorales.
El Magistrado de la Sala Superior indicó que los representantes del máximo organismo jurisdiccional del país han interpretado los usos y costumbres, les han agregado contenido, además de fijar límites para hacer posible y efectiva la administración de justicia, así como la protección de los derechos político-electorales, consagrados en la Constitución, de los integrantes de los pueblos originarios.
Al hacer uso de la palabra, Fernando Rey, representante de la Universidad de Valladolid, España, subrayó que la jurisprudencia del TEPJF es “extraordinariamente garantista” en materia de protección de los derechos políticos de las poblaciones indígenas, así como de observancia y aplicación del derecho internacional en el campo de la protección de sus garantías en esta materia.
En su intervención, Janeyri Boyer, representante de la Pontificia Universidad Católica del Perú, señaló que no basta con decir que un estado es multicultural y reconocer que hay grupos indígenas con formas de organización propia, se trata dijo, de proteger y salvaguardar los derechos político-electorales de los integrantes de estas comunidades a través de leyes, tratados y sentencias que emiten los tribunales de la materia.
En la mesa se comentaron las sentencias emitidas por la Sala Superior en los casos de Cherán, Michoacán, y el de la organización Shuta Yoma, en Oaxaca.
Ser electo, derecho ciudadano consagrado en las leyes
Paloma Biglino Campos, representante de la Universidad de Valladolid, España, y Luis Efrén Ríos Vega de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAC), quienes participaron en la mesa “Cuestiones actuales del derecho a ser electo”, coincidieron que la Constitución garantiza que los ciudadanos y militantes partidistas puedan participar en la búsqueda de un cargo de elección popular.
Los ponentes analizaron sentencias emitidas por el Tribunal Electoral relacionadas con la elegibilidad y proporcionalidad, como requisitos para que los ciudadanos puedan ser electos, así como las obligaciones adicionales que los institutos políticos exigen a los interesados en competir por una candidatura.
La mesa fue moderada por Reyes Rodríguez Mondragón, magistrado de la Sala Regional Monterrey del TEPJF, y se abordaron diversos aspectos que intervienen en la definición de una candidatura además de las reglas de juego establecidas por los partidos políticos en el registro de las mismas.
Los trabajos del seminario continuarán la tarde de hoy y el día de mañana con las mesas “El voto electrónico”; “El derecho a la información en materia electoral”; “El derecho a la rehabilitación política” y “La laicidad en materia electoral”.
Participarán magistradas y magistrados, tanto de Sala Superior como de las Salas Regionales; representantes de la Suprema Corte de Justicia de Colombia; integrantes de la Comisión de Venecia, estudiantes, académicos e investigadores de las universidades Autónoma de México (UNAM), de Coahuila, de Italia y de Brasil.