La nueva legislación en materia político-electoral fortalecerá el sistema democrático nacional ya que establece reglas claras y precisas que las autoridades en la materia deben aplicar en todas las etapas del proceso comicial para garantizar la certeza de los resultados, aseguró Flavio Galván Rivera, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Al exponer el tema “Procedimientos Administrativos Sancionadores”, como parte del ciclo de conferencias para promover el fortalecimiento del régimen democrático de los partidos políticos en el Distrito Federal 2014, el Magistrado explicó que las autoridades electorales, los partidos políticos y la ciudadanía en general deberán acatar la norma para garantizar la celebración de procesos confiables y transparentes.
En el foro organizado por el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) y ante consejeros electorales, especialistas en derecho electoral y académicos, recordó que el desconocimiento de la ley no exime a ningún organismo político, dirigente, militante o simpatizante, de su cabal cumplimiento.
En su intervención mencionó que la Sala Superior ha emitido Tesis y Jurisprudencias de alta relevancia en materia de Procedimientos Sancionadores Ordinarios y Procedimientos Especiales Sancionadores que advierten sobre las obligaciones y facultades de la autoridad electoral, para actuar en cada caso a fin de valorar correctamente los hechos que podrían derivar en una infracción de la norma.
Expresó que el TEPJF, como máximo organismo encargado de impartir justicia y vigilar el cumplimiento de la ley, tiene la facultad de revisar que el trabajo realizado por la autoridad electoral se apegue a Derecho, lo que contribuye a fortalecer el sistema democrático y brindar seguridad jurídica a todos los actores involucrados en los procesos electorales.
En compañía de Martha Laura Almaraz Domínguez y Juan Carlos Sánchez León, consejeros electorales del IEDF, Galván Rivera expresó que el Tribunal Electoral ha restituido de forma oportuna y eficaz los derechos político-electorales de quienes acuden a buscar el amparo de la justicia.