En momentos donde el vértigo de un mundo globalizado y los retos de la propia agenda nacional señalan cambios necesarios en México, el Poder Judicial de la Federación está llamado a fortalecer su papel de garante de la Constitución y de las leyes que de ella emanan, afirmó el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales.
Al participar en el 98 aniversario de la Carta Magna, el Ministro Presidente advirtió que la vigencia de la Constitución es la principal fortaleza institucional que tenemos para abatir la impunidad, la inseguridad, la violencia, la desviación de la función pública o cualesquiera situaciones que lastimen la calidad de nuestra convivencia social.
Aguilar Morales destacó el hecho de que ningún diseño institucional será el idóneo si no se promueve simultáneamente la cultura de la legalidad, la práctica del consenso, de la argumentación fundada, basados en el respeto, la tolerancia y el hábito de detenerse respetuoso frente a los derechos del otro. Además de que, dijo, sin duda, el respeto a la Constitución es lo que garantiza la paz.
En el marco del equilibrio institucional republicano que prevé nuestra Constitución, el fortalecimiento constante y progresivo del Estado de Derecho, la protección de los derechos reconocidos universalmente, la normalidad democrática y la armonía social, dijo, requieren de un Poder Judicial de la Federación fuerte, congruente y unido, como lo están la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura Federal, que actúe decididamente en esa dirección.
Ante el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, los presidentes de las Mesas Directivas del Senado y la Cámara de Diputados, Miguel Barbosa Huerta y Silvano Aureoles Conejo, respectivamente, así como de gobernadores de los estados, recordó que las instituciones han tenido y deben tener un proceso de perfeccionamiento continuo para responder a las exigencias de la sociedad.
En este escenario, dijo, “la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura Federal cumplen 20 años desde su último rediseño constitucional. En estas dos décadas ambas instituciones han ido logrando que más derechos sean exigibles; que el Estado de Derecho prevalezca y que a través del amparo se pongan límites al poder público. Esa es tarea de todos los días.
“La acertada decisión del poder reformador de la constitución determinó que tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el Consejo de la Judicatura Federal fueran liderados por un mismo presidente; lo que le da cohesión al sistema, unidad de objetivos al Poder Judicial de la Federación y fortaleza al órgano de administración. Con ello se evitan enfrentamientos mientras se mantiene la autonomía de cada órgano. Una reciente decisión del Pleno del Alto Tribunal reafirma el respeto a las decisiones del Consejo de la Judicatura Federal como lo marca la ley suprema”.
En vísperas del centenario de nuestra Carta Magna, el Ministro Luis María Aguilar aseguró que la Constitución se nutre también de los acuerdos que a nivel internacional nuestro país suscribe y, de ese modo, México se mantiene al día y participante en el concierto de las naciones y atiende localmente nuevas materias de interés global.
El Ministro Presidente explicó que si bien la Constitución del 17 tuvo en su origen tres artículos emblemáticos: el 3, el 27 y el 123. Hoy, además, tenemos un artículo 1º reformado que reinterpretado amplía la protección y facilita soluciones justas a casos concretos. Es la nueva hoja de ruta, dijo.
Actualmente, agregó, los artículos 14 y 16 son usados todos los días como garantías de seguridad jurídica. Fundar y motivar es la obligación básica de toda autoridad en un Estado de Derecho. El Poder Judicial de la Federación es garante de que se cumpla el debido proceso. Permite que todos los días se concilien los intereses divergentes y cobren vida los principios del constituyente mediante la resolución de casi un millón de asuntos al año.
En la actualidad, dijo, convive el diseño institucional de 1917 con estructuras renovadas. Se está por consolidar integralmente el nuevo sistema de justicia penal en el que se reafirmará una justicia pronta y expedita. Jueces, ministerios públicos, defensores y Universidades tendremos una tarea común de la que se esperan resultados tangibles tanto en la resolución de conflictos cotidianos como en aquellos en que va de por medio el interés público o el social.