El Ministro Luis María Aguilar Morales, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), destacó que todavía no concluye el proceso legislativo para armonizar las constituciones locales con la reforma constitucional en materia indígena, pero que el Poder Judicial de la Federación (PJF) puede hacer una aplicación directa de la Norma Constitucional.
Al encabezar la ceremonia conmemorativa del Día internacional de los pueblos indígenas. Acceso a la justicia, en el Área de Murales de este Alto Tribunal, el Ministro Presidente recordó que, a partir de las reformas en materia indígena de 2001, y de derechos humanos en 2011, se amplió en la Carta Magna la protección de grupos y personas en situación de vulnerabilidad.
“Si bien es evidente que existen diversas disposiciones en materia indígena, también es cierto que aún no concluye el desarrollo legislativo para armonizar las constituciones locales conforme el contenido de la Constitución Federal pero, independientemente de ello, el Poder Judicial de la Federación puede hacer una aplicación directa de la Norma Constitucional”, expuso.
En cada caso, es tarea de los juzgadores valorar las circunstancias específicas de cada persona, pero es su deber adoptar las medidas pertinentes que permitan alcanzar la igualdad de facto cuando exista discriminación estructural y sistemática, señaló.
Corresponde a la Suprema Corte revisar el estándar normativo que utilizan la autoridades para garantizar el respeto de los derechos humanos, manifestó en presencia de la Directora General de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos del Alto Tribunal; Leticia Bonifaz Alfonzo, y representantes de pueblos indígenas de diferentes entidades del país.
“Por ello, en este Alto Tribunal se han emitido jurisprudencias y criterios para garantizar el derecho de los pueblos indígenas al acceso a la justicia, como el respeto pleno a la autoadscripción, la garantía de contar con un intérprete o traductor y un defensor que conozca su lengua y su cultura”, detalló.
En el primer tema, recordó, la Corte estableció que será indígena aquella persona que se auto-reconozca como tal, una determinación contenida en varios fallos: “se reconoce que es una manifestación de identidad en el más amplio sentido de la palabra, y que no depende de ni de la anuencia del Estado ni de una etapa procesal para su reconocimiento”.
El Ministro Presidente aseguró que la auto-adscripción es la identificación de los destinatarios de las prerrogativas constitucionales para posibilitar el ejercicio real de los derechos indígenas, precisó ante Daniel Cerqueira, coordinador del Área de Industrias Extractivas y Derechos Humanos de la Fundación para el Debido Proceso; Janeth Torres Lázaro, directora de la Organización Participación Social Pasos, A. C. y María del Carmen Cruz Ramírez, promotora de los derechos de las niñas y niños indígenas.
”Para contribuir a garantizar estos derechos, el Instituto Federal de Defensoría Pública ha integrado un Cuerpo de Defensores Públicos Bilingües en el que participan abogados y oficiales administrativos que pueden dar atención en 30 lenguas indígenas nacionales”, explicó.
Precisó que, independientemente de las funciones que realicen los otros poderes, también corresponde al Judicial el conocimiento de las culturas indígenas y la sensibilización correspondiente, por lo que la Dirección de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos deberá mantener este tema permanentemente en la agenda.
“El reto es garantizar los derechos y el efectivo acceso a la justicia en una sociedad pluricultural, para que el reconocimiento jurídico de los derechos de los indígenas, señalados en la Constitución de nuestro país y en el Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) tenga plena vigencia y ejercicio cotidiano”, puntualizó el Ministro Aguilar Morales.
En su intervención, Leticia Bonifaz Alfonzo, recordó que el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas es reciente, pues se remonta a la década de los 80 del siglo pasado y refrendó el compromiso de la actual administración con el esfuerzo permanente para difundir los derechos de los pueblos indígenas.
“El acceso a la justicia no debe ser solo en el nivel donde ya existe un problema. Esta dirección tiene la obligación de difundir los derechos en las comunidades indígenas; no necesitamos esperar que estén ya sujetos a algún proceso o que tengan que formar parte de una denuncia por un agravio en sus tierras o sus personas”, expuso.
Daniel Cerqueira, de la Fundación para el Debido Proceso, destacó la contribución de México al reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y subrayó que el rol del Poder Judicial es fundamental para el Estado de derecho, para el goce de los derechos humanos y para una sociedad más justa y consciente de sus derechos.
La niña María del Carmen Cruz Ramírez, originaria de una comunidad indígena de Hidalgo, habló de la discriminación que todavía enfrentan los integrantes de los pueblos indígenas, en particular los niños, y las carencias en materia de servicios de salud, educación y oportunidades para el desarrollo.
Expresó su confianza en que la situación actual cambie, “porque estamos desapareciendo, el miedo, la vergüenza, el rechazo nos están acabando, y depende de todos conservar nuestras tradiciones”.
“Necesitamos que ya no nos discriminen por ser indígenas, ya que todos y todas merecemos respeto, porque no somos distintos a los demás. Todos y cada uno de nosotros necesitamos el apoyo mutuo para lograr una mejor sociedad, ya que juntos la conformamos”, indicó.