*Aquí trabajamos y Peña Nieto no nos escucha

Es muy importante esta declaratoria que reforma la Constitución para elevar un año más la admisión al trabajo de adolescentes, de 14 a 15 años; va en congruencia con los compromisos que México ha signado, de manera muy particular, el que tiene que ver con la Convención sobre  los Derechos de la Niñez.

Falta también que desde el Senado de la República sigamos insistiendo al Ejecutivo para que nos mande el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que plantea exactamente elevar la edad un año más, de 14 a 15 años de edad.

¿Por qué quiero hacer énfasis en este Convenio de la OIT? en primer lugar porque plantea el propio Convenio cuáles son las acciones que los Estados deben impulsar para que en la realidad, gradualmente se vaya garantizando que las niñas y los niños no realicen ningún tipo de trabajo, se dediquen a estudiar, a jugar, a la cultural, al deporte, al ocio, al juego; es decir, gocen de los derechos que tienen reconocidos en esos tratados internacionales y también en nuestra Constitución en su artículo 4º, que reconoce a niñas y niños como sujetos de derechos; estos es, a todas las personas menores de 18 años de edad les reconoce como sujetos de derechos plenos.

Y por supuesto, el que las entidades gubernamentales y la sociedad trabajen en corresponsabilidad y coadyuvancia, con esas acciones gubernamentales en los tres órdenes de gobierno par a ir realmente garantizando que las niñas y los niños no trabajen, no realicen no solamente las peores formas de trabajo infantil -que también están especificadas en la Convención que les he mencionado, sino que también en el Convenio de la OIT 162- sino que logremos elevar en la realidad que solamente a partir de los 15 años, siempre que no abandonen su educación, por el menor tiempo posible y claramente definidas las actividades que no pueden realizar.

La gradualidad que mandata la OIT se concreta de manera clara a partir de que -me estoy imaginando- los gobiernos en sus tres órdenes puedan ir determinando año con año que no haya una sola niña, un sólo niño que trabaje siendo menor de edad, y constatar de manera diagnóstica, con resultados precisos y concretos, que reflejen que efectivamente este precepto constitucional se convierta en una realidad para niñas y niños, a favor de los derechos humanos de niñas y niños.