*Ley del Servicio Profesional
Propongo reformar diversos artículos de la Ley de Servicio Profesional Docente para crear un mecanismo que regule el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio de los maestros de educación básica y media superior.
Hay causas que motivan la separación de un docente de sus actividades, como el incumplimiento de sus obligaciones previstas en la ley, pero el texto legal debe precisar que la separación será definitiva siempre y cuando exista resolución previa del Tribunal o instancia jurisdiccional competente, y no como lo establece el texto de la Ley vigente.
El personal podrá ser separado de su encargo con motivo de la aplicación de esta Ley, previa resolución de los órganos jurisdiccionales competentes en materia laboral.
La Ley del Servicio Profesional Docente prevé sanciones sin considerar la protección de los derechos de los trabajadores, particularmente el derecho a un debido proceso.
La redacción de la Ley del Servicio Profesional Docente en lo referente al debido proceso supone en su interpretación y aplicación la separación del trabajador o evaluador sin resolución previa de la autoridad jurisdiccional.
Por ello propongo armonizar la Ley con la Constitución con el objeto de garantizar plenamente el derecho al debido proceso y respeto a las garantías de audiencia y legalidad.
El hecho no es sólo garantizar el derecho del interesado de impugnar la resolución respectiva ante las instancias jurisdiccionales que correspondan, después de que ya fue separado, sino garantizar previamente el ejercicio y respeto de esas garantías y derecho, para que se le pueda separar definitivamente.
Sin embargo, en el caso de que se emita resolución favorable para el interesado que impugnó por la vía jurisdiccional su separación del servicio, la Autoridad Educativa o el Organismo Descentralizado, según sea el caso, deberá reincorporarlo de inmediato, para la restitución de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones.
Por último, una materia tan relevante para la transformación social, como es la educación, debe legislarse con un alto sentido de responsabilidad y de nuestro orden constitucional, para alcanzar el cometido principal, que es el de mejorar la calidad educativa en México.