*Urge adecuar la pena contra tramposos
Hemos visto que algunas entidades del país, en algunos municipios sobre todo, los elementos de seguridad pública al servicio de la administración correspondiente muchas veces actúan como verdaderos “mapaches electorales”.
Coaccionan la voluntad del electorado, amedrentan y encierran a los ciudadanos para coaccionarlos a votar por determinado candidato o a participar o abstener de participar en algún evento partidista.
Justamente el hecho de que un funcionario público, en este caso un policía municipal o estatal o ministerial se presente en la jornada electoral con uniforme, con patrulla, con “charola”, con pistola, pues puede influir de manera negativa en la voluntad y la libertad del elector.
Es realmente grave que no es lo mismo que un ciudadano cualquiera realice dicha coacción recompra de voto, a que lo haga en este caso alguna persona, algún funcionario o algún elemento que forme parte de un cuerpo policiaco o de seguridad pública, ya que la coacción se da en un ámbito claro de desigualdad entre el ciudadano coaccionado y la autoridad.
Es por lo anterior que resulta necesario adecuar la pena para el caso que la conducta tipificada la realice un integrante de seguridad pública de cualquier orden de gobierno.