*Peña Nieto debe explicar alcances de su oferta en la ONU

Con relación al anuncio hecho por el Gobierno de México, sobre la determinación de que nuestro país participe en las Operaciones de Mantenimiento de la Paz (OMP) de las Naciones Unidas, considero que se trata de una decisión positiva y acorde con el papel que México debe jugar en el contexto internacional, como ha sido planteado en el pasado en el Senado de la República.

Esta decisión expresada en el marco de la 69 periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), aún es necesario que el Ejecutivo detalle a los mexicanos los alcances del compromiso asumido, pues recordemos que antes de ser autorizado por mandato del Consejo de Seguridad de la ONU, la salida de tropas mexicanas de territorio nacional debe ser votada en el Senado mexicano, por lo que estaremos atentos y revisaremos cualquier propuesta del Ejecutivo en este sentido.

La importancia de que esta determinación debe venir acompañada de una exposición clara sobre los recursos materiales y humanos que se emplearían en estas misiones, así como un compromiso contundente de que la participación de personal militar o civil de nuestro país se hará siempre en apego a los derechos humanos.

La participación de México en este tipo de operaciones se ha limitado a contribuciones económicas, sin enviar personal militar, bajo el argumento de que ello podría generar un conflicto con otras naciones; sin embargo, se pierde de vista que uno de los principios fundamentales para esta participación es que las partes en conflicto lleguen previamente a un acuerdo y que consientan la mediación de las Naciones Unidas.

Recordemos que en marzo pasado presentamos un par de iniciativas para que el Ejecutivo Federal pudiera permitir justamente la salida de tropas nacionales para participar en Operaciones de Mantenimiento de la Paz, previa autorización del Senado de la República; así como para regular la participación de nuestro país en estas operaciones, bajo las condiciones acordadas por el Estado mexicano e involucrando en la decisión a las Secretarías de Marina y de Defensa Nacional.