*Maya es la segunda lengua indígena en México

El acceso a la justicia es uno de los derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución que como legisladores debemos garantizar a todos los mexicanos sin importar la condición social, étnica o religiosa.

De la reforma constitucional del 2001, en materia de derechos de los pueblos indígenas, y posteriormente la de 2011 concerniente a los derechos humanos, se deriva que las leyes mexicanas procuren un valor significativo a los derechos lingüísticos de los pueblos y comunidades indígenas, en especial en los casos en que la autoridad inicie algún tipo de procedimiento jurídico sobre cualquier ciudadano miembro de estos pueblos, para que éste pueda ser asistido por un intérprete que le brinde la posibilidad de entender claramente las acusaciones, señalamientos o requerimientos de la autoridad.

Tan sólo en la Península de Yucatán, donde se encuentra mi estado, Campeche, alrededor del 15% de la población habla maya, la segunda lengua indígena que más se habla en México, después del náhuatl, y es un valor que como mexicanos debemos preservar y proteger al ser parte de nuestra identidad.

Sin embargo, es fundamental garantizar a todos los mexicanos el cumplimiento del debido proceso y sobre todo a los que viven bajo los usos y costumbres de alguna comunidad indígena. México es una nación multicultural, así lo reconoce el artículo 1 de nuestra Constitución y las implicaciones que ello tiene en nuestro marco jurídico son realmente trascendentales, pues ese artículo constitucional supone que en todo momento debe contemplarse que existen diversos usos y costumbres que cohabitan en el territorio nacional, luego entonces siendo los usos y costumbres ley estos deben ser respetados a cabalidad dentro de nuestro estado de derecho.

En ese sentido, el acceso a la justicia por parte de los pueblos y comunidades indígenas es un tema que debemos mejorar y debemos trabajar desde algo que es básico, la lengua y el conocimiento pleno de sus usos y costumbres dentro de todo proceso judicial.