*Sin condiciones para un extraordionario

No existen condiciones para que se convoque a un periodo extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión para analizar la reforma constitucional en materia de municipios, por lo menos en lo que resta de este 2015.

No me opongo a la reforma del Ejecutivo federal a diversos artículos constitucionales, pero debe analizarse a profundidad y escuchar las voces de especialistas, juristas y a todas las asociaciones de alcaldes para enriquecer la reforma.

Vemos muy complicado que en un lapso de 10 o 15 días se pueda analizar una reforma de gran calado, que busca modificar las estructuras de gobierno y de policía en el país. Es necesario analizarla a fondo para evitar errores o vicios de inconstitucionalidad.

Respaldamos el tema del mando único a nivel estatal como una forma de fortalecer las estructuras policiales y de seguridad en el país, con mayores controles y transparencia.

Donde creo que no se puede avanzar, a menos sin analizar a fondo el tema, es la desaparición de las policías municipales en los más de 2 mil 400 ayuntamientos en el país, porque sería tanto como reconocer que el tema de la corrupción e infiltración del crimen, así como todos los males que ocurren en el país, tienen su origen en los municipios.

Solicitaremos a las comisiones de la iniciativa constitucional que se convoque a las asociaciones de alcaldes de todos los signos políticos, para que puedan opinar sobre el tema y buscar enriquecer estos importantes cambios.

Se tiene que hacer un diagnóstico sobre las repercusiones que a nivel estatal tendrá esta reforma, por lo que es necesario que los gobernadores también acudan al Senado a expresar su punto de vista.

La reforma debe incluir modificaciones para fortalecer a los 2 mil 245 municipios del país en materia de seguridad, finanzas, gestión y administración, a fin de evitar que sigan siendo el eslabón más débil frente al embate del crimen organizado.

Hay muchos casos en los que los ayuntamientos se han convertido en simples oficinas burocráticas, que están a expensas de la voluntad de los gobernadores en el tema de recursos y obras.