*Registro Nacional de Padres desobligados
Presenté iniciativa para reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en favor de perfeccionar la regulación de la pensión alimenticia en México.
Con estas modificaciones se pretende crear el Registro Nacional de Obligados Alimentarios Morosos (RENOAM), que estaría a cargo del Sistema Nacional de Protección Integral, donde se daría seguimiento a los deudores alimentarios con la finalidad de que cumplan con el pago de la pensión alimenticia.
El Registro de Deudores que proponemos no solamente sirve para tener una base de datos pública nacional de los padres que no cumplen con su obligación de brindar el sustento necesario a sus hijos. Además, con la colaboración de diversas instancias gubernamentales y privadas, logra que los deudores alimentarios puedan ser cuestionados al momento de otorgarles un crédito bancario o la contratación en alguna empresa, entre otros. Al aumentar la presión social, probablemente podremos facilitar que cumplan con su obligación.
En México, aproximadamente 67.3% de las mujeres madres solteras no reciben pensión alimenticia, y que sólo una tercera parte de las madres reciben el recurso necesario para alimentar a sus hijos. En promedio, sólo 20 de cada 100 padres de familia que están obligados por ley a dar pensión, lo hacen, remarco.
El perfeccionamiento de la regulación encargada de garantizar la pensión alimenticia en México resulta una obligación para el Estado, no sólo de manera enunciativa a través de un marco normativo idóneo, sino también de asegurar que su cumplimento sea en tiempo y forma.
Actualmente, sólo tres estados cuentan con registros de deudores alimentarios: Chiapas, Coahuila y Distrito Federal; sin embargo, la falta de homogeneidad en la legislación local hace que este derecho no sea fácilmente exigible en el resto del país”, explicó la legisladora de Acción Nacional.
Con esta iniciativa se tiene la oportunidad de fortalecer la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. México cuenta con instrumentos jurídicos acordes con los compromisos internacionales en materia de protección a los derechos de la infancia, sin embargo, el camino para asegurar el cumplimiento total de los mismos aún es largo.